Barcelona
La Fiscalía ha pedido condenar a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a un año de inhabilitación por presunta desobediencia en los preparativos del 1-O, mientras que, en la misma causa, ha pedido penas de prisión para el exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat Josep Maria Jové y para el exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó.
El escrito de acusación, consultado por Europa Press este viernes, reclama siete años de cárcel para Jové y seis años y tres meses para Salvadó, y les atribuye los presuntos delitos de desobediencia --igual que a la consellera--, además de prevaricación y malversación agravada.
El fiscal también reclama inhabilitar a Jové durante 32 años y a Salvadó durante 27 años y tres meses, y multarlos con 30.000 y 24.000 euros respectivamente, y pide una multa de 18.000 euros para Garriga, que entonces era directora de servicios de la Conselleria que encabezaba Oriol Junqueras.
La investigación a Jové y Salvadó se hizo separada de la de Garriga --ella fue investigada en un juzgado ordinario en una causa contra 29 excargos del Govern-- pero cuando ella asumió el cargo de consellera y pasó a ser aforada al TSJC, las causas se acumularon y este proceso ha retrasado el procedimiento contra los primeros, para quienes, en mayo de 2021, ya se dictó el acto de conclusión del sumario.
Los presupuestos de Junqueras y Salvadó
El fiscal atribuye a Jové el documento 'Enfocats', que era "una 'propuesta estratégica' dirigida a 'reenfocar el proceso de independencia para un resultado exitoso'" y en el que indaga sobre una declaración unilateral de independencia.
También hace referencia a las anotaciones de Jové en una agenda que llevaba a sus reuniones con otras formaciones para negociar los Presupuestos del Govern para 2017.
En noviembre de 2016, Junqueras presentó el proyecto de Presupuestos para el año siguiente acompañado de Salvadó, e incluían 5,8 millones para procesos electorales y participativos, y "una disposición adicional donde se expresó el compromiso de dotar el presupuesto necesario para organizar el referéndum de autodeterminación".
Los presupuestos incluían 57,4 millones para crear una agencia tributaria propia
El proyecto de cuentas también incluía 57,4 millones para desarrollar la Agencia Tributaria de Catalunya y, una vez aprobados los Presupuestos, el TC los suspendió y declaró inconstitucionales varias partidas, pero, según el fiscal Jové, Salvadó y Garriga desoyeron esta anulación del tribunal.
El fiscal subraya que, en julio de 2017, la Generalitat dictó dos decretos que otorgaban al departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda las competencias sobre administración de procesos electorales, que hasta entonces pertenecían a Gobernación, "de modo que toda la actividad de preparación y ejecución del referéndum comprometido pasó a ser controlada por su secretario general, el procesado Jové, quien, bajo la inmediata dirección de Junqueras, disponía además de los necesarios recursos económicos y logísticos precisos para la inminente celebración del mismo".
