Barcelona
Las elecciones de las cámaras catalanas vuelven a estar rodeadas de polémica. Después de que la justicia anulara los comicios de la Cambra de Barcelona de 2019 por los problemas detectados en el voto electrónico, la Generalitat volvió a contratar al mismo auditor que supervisó el sufragio cibernético entonces. Por ello, una empresa pide suspender la adjudicación ya que, entiende, se vulnera el principio de igualdad y los derechos fundamentales de la población con derecho a votar.
La Vanguardia avanzó este jueves la adjudicación del contrato a Agtic Consulting, valorado en 92.000 euros, el 12% más que hace cuatro años. La licitación se hizo a través del Departament d'Empresa, la consejería de la que dependen las cámaras. Aunque todavía no hay fecha, lo más probable es que se celebren en otoño.
Sin embargo, la compañía Staff Pavilion, que ya promovió la nulidad de las elecciones de 2019, ha vuelto a aparecer y pide que se anule el concurso. A su entender, incluir el voto electrónico en estas circunstancias vulnera el principio general de igualdad del artículo 14.1 de la Comunidad Europea.
Según Staff Pavilion, se mantienen los mismos problemas que en las elecciones de 2019
En su reclamación, la compañía lamenta que las garantías en el voto presencial y el voto electrónico vuelven a no ser iguales, igual que en 2019. La razón: el voto remoto no incluye una doble autenticación, mientras que en el voto presencial sí se requiere.
"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ya se pronunció confirmando esta vulneración de derechos fundamentales al electorado que participó en las elecciones de la Cambra de 2019". En aquellos comicios se impuso la candidatura Eines de País, avalada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), con Joan Canadell, parlamentario de Junts, al frente. Con el salto a la política del dirigente, su relevo fue Mònica Roca.
En un comunicado, Staff Pavilion mostró su "incredulidad ante las directrices establecidas en el pliego de contratación".
El precedente de 2019
La nueva reclamación empalma con el conflicto vivido en los comicios de 2019, que finalmente el TRSJC declaró nulos al rechazar el decreto que los reguló. A finales de 2021, fue el juzgado de lo contencioso administrativo número 15 de Barcelona el que anuló parcialmente las votaciones.
Ante la decisión, la Generalitat recurrió ante el propio TSJC y el Tribunal Supremo, pero su petición fue desestimada.
Con la sentencia ya firme, las elecciones fueron invalidadas. No obstante, la sentencia no tuvo aplicación ya que la Cambra mantuvo su actividad normal hasta ahora.
