Cuentan que, sintiendo que llegaban sus últimos momentos, el funcionario de Policía jubilado Martínez reunió a sus hijos, entre ellos el afamado cantante Joaquín (Martínez) Sabina, y haciendo un esfuerzo les dirigió una pregunta que aún en su lecho de muerto le intrigaba. "Quisiera yo saber de dónde sacan tanto dinero las diputaciones provinciales", interpeló el hombre a sus allegados. No deja de ser una anécdota, pero revela una realidad incuestionable: el músculo económico y el poder de unas instituciones que son clave en la batalla electoral que se avecina en 2023, con elecciones municipales en mayo. Traducido en cifras, en Andalucía los partidos se juegan -además de la vara de mando de 785 ayuntamientos- el poder en ocho diputaciones que manejan casi 2.700 millones de euros de presupuesto este año, con más de 10.000 empleados públicos y una enorme capacidad de control político del territorio.
El PSOE gobierna actualmente sobre seis de las ocho diputaciones andaluzas. En varias de ellas, Sevilla y Jaén son los ejemplos más claros, siempre ha gobernado con amplias mayorías. El PP sólo pudo conquistar en las últimas elecciones municipales de 2019 las corporaciones provinciales de Málaga y Almería.
El poder socialista en la micropolítica andaluza se traduce en 4.209 concejales y 459 alcaldes en los 785 municipios de Andalucía. En la sede del PSOE andaluz de la calle San Vicente de Sevilla la preocupación está en mantener la mayor cuota de ese poder en las próximas municipales de mayo. En una situación adversa, como nunca han vivido en el partido que durante casi cuatro décadas ha mantenido la hegemonía en la comunidad. El varapalo en las últimas autonómicas fue enorme, y las encuestas apuntan a unos resultados aún peores en este año electoral. Los alcaldes y presidentes de Diputación son el último parapeto de ese poder socialista andaluz. Perder un buen número de alcaldías y, peor aún, las diputaciones dejaría al PSOE sin una plataforma firme para estabilizarse y encarar una recuperación rápida en Andalucía.
Euforia en el PP
En el PP, por el contrario, se respira aún la ola de euforia tras la mayoría absoluta de las pasadas autonómicas de junio. Públicamente se habla incluso de 'ocho de ocho', tanto en capitales como el diputaciones. Algo factible si se repitiesen los resultados del 19J.
El objetivo más evidente de los populares está en las alcaldías de las capitales de provincia (actualmente sólo gobiernan en las de Málaga, Córdoba y Almería) y en alcanzar al menos el 50% de las alcaldías. Lo que le abriría la puerta a ganar varias diputaciones, sin descartar incluso las de Jaén o Sevilla, con las que hasta ahora ni se soñaba.
A nadie escapa en el PP que la oportunidad de asestar un golpe definitivo al PSOE, y limitar su capacidad de recuperación futura, está en el control de las corporaciones provinciales. Y que esa es la auténtica partida que se juega en mayo en Andalucía. Con una derivada nacional: sin un resultado digno en Andalucía el PSOE no puede aspirar a nada en las Cortes Generales que saldrán de las elecciones previstas a final de año.
¿De dónde sacan tanto dinero?
Pero aún se mantiene la incógnita inicial: de dónde sacan tanto dinero las diputaciones provinciales. Esos 2.700 millones de euros que van a gestionar este año. Más de dos tercios del presupuesto procede de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), es decir, es una transferencia del Gobierno a través de los Presupuestos Generales. También reciben un pequeño porcentaje de lo que se recauda a través de IRPF, IVA, Alcohol, Tabaco e Hidrocarburos. Y también tienen ingresos a través del llamado Fondo Complementario de Compensación.
Con ese dinero deben asegurar la prestación de los servicios públicos de competencia municipal en todo el territorio de la provincia, especialmente en los pequeños municipios que por sí mismos no podrían prestarlos, como el agua y los residuos. Asimismo, reparten fondos estatales para arreglar infraestructuras. También cooperan con los municipios mediante aportaciones económicas a través de los planes provinciales, y apoyan para garantizar servicios como saneamiento y control ambiental, la ingeniería, el urbanismo o el bienestar social.
Poder en el territorio
El poder fáctico de las diputaciones tiene dos puntales: su potencia financiera y su capacidad para 'colocar' tanto cargos institucionales como a personas afines.
A nivel estatal, hace años el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas indicaba que del personal que trabaja para las diputaciones en España 27.535 eran funcionarios y los 34.624, personal contratado. Y eso después de intensos procesos de funcionarización en administraciones provinciales. Es decir, hay manga ancha para contratar tanto en las plantillas de las diputaciones como en empresas públicas, fundaciones o consorcios que dependen de ellas. En una comunidad con un 18% de paro como Andalucía, esa capacidad de dar trabajo es un arma política importante.
Y a la hora de mantener cuadros de mando y equipos engrasados, los 229 asientos en los plenos de las corporaciones provinciales y la capacidad de mantener asesores como personal de confianza o equipos de comunicación en los grupos provinciales no son una cuestión menor.
El gasto en personal supone entre un 20 y un 30% del gasto total de las diputaciones. Si se suman al capítulo 1 el resto de los gastos de funcionamiento de las instituciones provinciales, se supera el 50% en buena parte de las diputaciones andaluzas.
En año electoral las diputaciones han rearmado sus finanzas. Todas aumentan su presupuesto. En cifras absolutas destaca Sevilla, con 543 millones aprobados para sus cuentas de 2023, y un incremento respecto al año pasado de 50 millones de euros. En la mayoría de las provincias rondan también el 10% de aumento en sus cuentas públicas.
Debate sobre su utilidad
En 2016 la utilidad de las diputaciones y la conveniencia o no de eliminarlas para adelgazar la administración y evitar duplicidades estuvo en el ojo del huracán a raíz de que en unas conversaciones para formar gobierno nacional Cs lo propusiese y el PSOE lo aceptase. Desde Andalucía salieron a defender las diputaciones tanto desde el PSOE, por ejemplo el entonces y todavía presidente de la de Jaén, Francisco Reyes, y desde el PP, con voces tan autorizadas como la de Elías Bendodo. Hoy ese debate parece superado. Hay demasiado poder en juego como para que los partidos renuncien a él. La batalla está en quién controla esas instituciones.
