PP y Vox han aprobado en solitario su primer Presupuesto, unas cuentas que ascienden a 13.809 millones de euros y en las que se han rechazado todas las enmiendas de la oposición. En el exterior del hemiciclo, UGT y CC.OO. han anunciado movilizaciones al considerar que recortan derechos laborales.
Durante la sesión plenaria se han debatido y votado las 2.129 enmiendas que no fueron aprobadas durante las reuniones de la Comisión de Economía y Hacienda. De éstas, 1.008 pertenecían al Grupo Parlamentario Socialista, 405 de UPL, 304 de Unidas Podemos, 227 de Ciudadanos, 123 de Soria ¡Ya! y 62 de Por Ávila.
Unos presupuestos que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha definido como "los que necesita Castilla y León, los que necesitan las familias, los trabajadores y las empresas para construir el futuro entre todos".
A través de un vídeo que ha colgado en su cuenta personal de Twitter, Fernández Mañueco ha reiterado que son "los más altos, los más inversores y con menos impuestos de la historia de la Comunidad y son los que "necesita Castilla y León para dar oportunidad" a las personas de esta tierra o a quienes "quieran venir aquí generando crecimiento económico, empleo, calidad de vida y bienestar". Un error en una votación impide aprobar los beneficios fiscales para las familias numerosas.
Asimismo, el presidente de la Junta ha defendido que son los presupuestos que necesitan las familias, ya que se incrementa su protección y el apoyo en vivienda, en transporte, en natalidad, en corresponsabilidad " pero también en servicios públicos, Sanidad, Educación y Servicios Social, de calidad".
Por último, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que son las cuentas "para crear empleo" ya que se impulsa "la actividad económica para crecer, para atraer a las empresas, para proteger a los autónomos, con más innovación, más digitalización y más competitividad energética".
Protesta sindical
Durante la sesión, centenares de sindicalistas de UGT y CC.OO han rodeado el edificio de las Cortes de Castilla y León en un acto "simbólico" de protesta por la aprobación de unos Presupuestos que consagran el recorte del 50% de la subvenciones de los sindicatos.
Los secretarios autonómicos de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Agustín Temprano, han asegurado que las cuentas de la Comunidad contienen una parte "ilegal e inconstitucional". "Las leyes se pueden cambiar, pero no incumplir y eso es esta barbaridad jurídica, que se va a producir hoy en la votación", tal y como ha destacado Andrés.
En su opinión, el Presupuesto "recorta derechos, limitan la actividad sindical", además de que las políticas públicas relacionadas con el mercado laboral retroceden "de forma considerable" y suponen "un atropello" a colectivos como los inmigrantes o las mujeres.
A pesar de ello, lo que sí hacen los presupuestos, ha añadido, es "perdonar a los ricos muchos impuestos y a la vez montan sus chiringuitos con consejerías de Vox que tienen 1,2 millones de euros para gestionar 112.000 euros".
En definitiva, ha dicho, es "un atropello", por el que recurrirán a los Tribunales y continuarán en 2023 "en la calle" para que el Gobierno de Castilla y León "cambie su política y el PP vuelva a la centralidad, el raciocinio y la normalidad porque el PP está secuestrado por Vox para mantenerse en el Gobierno", ha remachado.
En este sentido, Faustino Temprano ha pedido directamente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "cese a los consejeros de Vox" y, si es necesario, convoque elecciones anticipadas.
Temprano ha recordado que con este acto "simbólico, democrático y pacífico" se pretende denunciar unas cuentas que "nacen muertas" y que no recogen partidas para los trabajadores y para los colectivos más desfavorecidos. "Nuestra obligación es estar en la calle y seguiremos en 2023", ha advertido.
Impugnación de Ciudadanos
Mientras, el procurador de Ciudadanos ha anunciado que impugnará la votación del presupuesto al considerar que se había incumplido el Reglamento de las Cortes por la "imposición" de su presidente, Carlos Pollán, de no votar nominalmente la enmienda defendida por su formación, una situación que, como ha advertido el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que también ha anunciado la impugnación, puede llevar a que las cuentas no entren en vigor en enero.
