La Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ya es una realidad y así ha sido aprobada hoy en el Congreso de los Diputados. A falta de su tramitación al Senado, dicha ley entrará en vigor 20 días después de su aprobación.
A partir de ese momento, las Administraciones Púbicas, organismos, y las entidades obligadas deberán contar con su propio sistema interno de comunicación en un plazo máximo de tres meses. Para las empresas de menos de 250 trabajadores y los municipios de menos de 10.000 habitantes el plazo se extenderá hasta el 1 de diciembre de 2023.
El objetivo fundamental de la ley es proteger a las personas que comuniquen posibles infracciones o irregularidades frente a represalias, fijando unas normas mínimas que tienen que satisfacer los canales de comunicación y los procedimientos de investigación interna.
Las sanciones podrán ascender hasta un millón de euros
Dicha ley prevé sanciones de carácter económico, tanto para personas físicas como jurídicas. Se considerarán, infracciones leves, por ejemplo, incumplir con la obligación de colaborar en la investigación de una comunicación. Constituirán infracciones graves, aquellas que limiten los derechos y garantías previstos en la ley. Entre el listado de infracciones muy graves se incluyen no contar con un sistema interno de información, la adopción de cualquier tipo de represalia contra los informantes o comunicar públicamente información a sabiendas de su falsedad, entre otras cuestiones.
IDBO Consultants
Para dar respuestas a las nuevas necesidades a las que se enfrentan las organizaciones, los expertos de IDBO Consultants y Procesia han desarrollado una herramienta informática que permite comunicar acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave a través de un software, garantizando altos niveles de confidencialidad y seguridad respecto a la identidad del informante y de terceros mencionados en la comunicación.
Desde IDBO Consultants, tras analizar el texto de la nueva ley destacan que estarán obligadas a tener un canal de denuncias:
- Todas las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores.
- Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos.
- Todas las entidades que integran el sector público, entre las cuales se destacan: la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y las Entidades que integran la Administración Local, las universidades públicas y las fundaciones del sector público.
