El Tribunal Supremo confirma en su sentencia sobre el caso ERE que los responsables políticos condenados por la Audiencia de Sevilla (entre ellos José Antonio Griñán, que después fue presidente) participaron en la creación de un sistema de reparto de ayudas irregular que "evitase todo control administrativo" o tenían conocimiento del "sistema ilegal" implantado para conceder los fondos, y no hicieron nada evitarlo. El alto tribunal ha hecho público el fallo en el que resuelve así los recursos presentados por los condenados manteniendo las penas de prisión por delito de malversación para Griñán, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez, Miguel Ángel Serrano y Francisco Javier Guerrero (cuya responsabilidad penal se extinguió con su fallecimiento en 2020). A todos ellos les confirma del mismo modo las penas de inhabilitación, que también se mantienen para Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Salgueiro, Antonio José Lozano y Jacinto Cañete.
La decisión del TS se tomó por tres votos contra dos. Los magistrados que votaron en contra han expresado su disconformidad con la condena por malversación contra Griñán y otros cuatro ex altos cargos, ya que consideran que no está probado que cometieran este delito. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo consideran en el caso de Griñán que esta pena se impuso "sin soporte probatorio ni fáctico".
Los argumentos
Sin embargo, tres jueces del Supremo, la mayoría de la Sala, consideraron probado que los ex presidentes, consejeros y altos cargos tuvieron una participación "determinante" en la creación del sistema de reparto de ayudas a través de "un instrumento jurídico ilegal", con lo que pretendían eludir a la intervención y saltarse la normativa en materia de subvenciones para un reparto arbitrario de los fondos.
Sobre Griñán, el TS afirma: "Tuvo conocimiento también de las ilegalidades que se venían produciendo en la concesión y pago de las ayudas, haciendo posible con su pasividad que esta situación se prolongara".
Según la sentencia, el delito queda acreditado ya que actuó "con conocimiento de los incumplimientos en la gestión presupuestaria de las ayudas y de la indebida presupuestación", en la que se incurrió en los presupuestos aprobados de 2005 a 2009 y en las modificaciones presupuestarias para sacar adelante la transferencias de financiación de la Junta a IDEA de las que se nutrían los ERE sin fiscalización ni control alguno. «No ofrece duda la vinculación del señor Griñán, no sólo con la presupuestación sino con la gestión de los fondos" ya que hasta él llegaron informes que alertaban de "un absoluto descontrol y despilfarro».
"No ofrece duda la vinculación de Griñán en la presupuestación y gestión, y hasta el llegaron informes sobre absoluto descontrol y despilfarro"
Además de pedir el indulto, la defensa de Griñán estudia pedir la nulidad y un recurso de casación en el Constitucional.
Zarrías, el origen
En la sentencia se señala el papel del ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías. Al responder a su recurso, el tribunal asegura que el político jienense "sabía que se iban a pagar las ayudas sociolaborales con un instrumento financiero inadecuado, porque sabía que eran subvenciones y debían articularse a través de la normativa de subvenciones" e "intervino activamente en la concesión de determinadas ayudas (...) de empresas de Jaén, provincia donde de forma especial desarrollaba su acción política", siendo entonces secretario general del PSOE jienense. Las ayudas de los ERE nacieron en la fábrica de embutidos Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y tuvieron continuación en Santana, ambas empresas jienenses, antes de extenderse al conjunto de Andalucía.
Así, el TS no ve "irracional inferir que Zarrías conociera las razones por las que se produjo el cambio de presupuestación, esto es, los problemas en la concesión de ayudas, que obligaron a realizar anticipos por parte del IFA y que dieron lugar a reparos de la Intervención", unos "problemas se habían producido precisamente con la subvención a Hamsa, en cuya gestión había intervenido personalmente". Según el TS, "Zarrías fue conocedor del indebido uso de las transferencias de financiación".
Otros condenados
De los ex consejeros Fernández y Viera se considera que eran "plenamente conscientes" de las ilegalidades, de Vallejo que "intervino en la aprobación de las modificaciones presupuestarias" y "conocedor de la forma concreta de gestión de las ayudas y tuvo conocimiento de graves ilegalidades en su concesión y gestión, y nada hizo al respecto", asevera el Supremo.
En el caso del recurso de Martínez Aguayo, el TS explica que "no es verosímil que desconociera las ilegalidades, máxime cuando fue destinataria directa de los distintos informes que describían y advertían de las ilegalidades".
Respecto al recurso de la exconsejera de Economía y Hacienda y además exministra, Magdalena Álvarez, el TS determina que "intervino en la génesis del nuevo sistema que se fraguó ante los problemas recurrentes que se estaban produciendo en la gestión de las ayudas sociolaborales".
Las penas
La Justicia, con una sentencia que ya es firme, condena al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, es condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.
Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández es condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años, 6 meses y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso con otro continuado de malversación, mientras los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) resultan condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 18 años y un día, en ambos casos por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno continuado de malversación.
La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo es condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno continuado de malversación, mientras el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, también exministra, eran condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 a causa de una neumonía, era condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno continuado de malversación.
Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo y sucesor de Guerrero, era condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los mismos supuestos, mientras el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá resultaba condenado a siete años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
Se absuelve a Javier Aguado, Francisco Sánchez y Lourdes Medina
En ese sentido, ante los citados recursos de casación, el Supremo ya informó el pasado mes de julio de su decisión de absolver a los secretarios generales técnicos Javier Aguado Hinojal, Francisco Sánchez García y Lourdes Medina Varo; también condenados en la sentencia inicial, así como reducir la condena de Juan Márquez por apreciar la atenuante analógica de reparación del daño y, sobre todo, mantener el resto de las condenas.
