Valladolid
Apenas ha pasado mes y medio desde que se configurase el primer gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León para que el presidente de esta Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, tenga que afrontar su primer quebradero de cabeza: el anuncio unilateral de la formación verde de un recorte de 20 millones en las subvenciones que reciben patronal y sindicatos.
Las intenciones de Vox no son nuevas y en su pacto de gobierno con el PP se incluía la "reducción significativa del gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos". Y pese a que las ayudas y sindicatos figuraban en el número uno de la lista del 'tijeretazo', el presidente de CEOE, Santiago Aparicio, confiaba en que la sangre no llegase al río. En una entrevista publicada en elEconomista.es Aparicio afirmaba que "el Diálogo Social es el ámbito en que se ha venido trabajando durante muchísimos años para llegar a acuerdos en beneficio de la sociedad. Eso, si se lo explicamos bien (a Vox), lo van a entender".
Pero lejos de eso, el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, y su consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, comparecían en público el pasado lunes y anunciaban un recorte de un 50% en las partidas que reciben patronal y sindicatos. El momento elegido no era casual: en plena campaña de las elecciones andaluzas y el mismo día en el que la ministra de Industria, Reyes Maroto, presidía la firma del Plan de Competitividad para salvar de la quiebra a Siro. La formación verde no tuvo reparo alguno en aguar la foto a Mañueco, que había logrado incorporarse a la foto tras varios días de reproches mutuos entre el Gobierno y la Junta a cuenta de la crisis empresarial de una de las principales compañías agroalimentarias de la Comunidad.
"Herido de muerte"
Tras el anuncio, la patronal ha optado por poner fin a la condescendencia que había mostrado hasta entonces con Vox y elevar el tono. En un comunicado, CEOE Castilla y León mostró su "más absoluta incredulidad tanto por las formas como por el contenido de los mensajes" lanzados por García-Gallardo y Veganzones, "con calificativos impropios de una sociedad democrática y que cuestionan de forma injustificada el papel del empresariado", a la vez que exigían a Mañueco que aclarase si el recorte "está consensuado" por el Gobierno regional o "es sólo una decisión arbitraria de una parte del Ejecutivo".
UGT y CCOO ven "herido de muerte" el Diálogo Social en Castilla y León, han pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que convoque de forma "inmediata" una reunión del Consejo y han acusado a Vox de "mentir", "falsear" cantidades, "manipular", tratar de imponer una política del "miedo" y han advertido de que se van a "defender".
Pendientes de Andalucía
El presidente de la Junta se ha comprometido a mantener una reunión con los agentes sociales, pero aún no ha puesto fecha. Algunos interpretan que los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo determinará el camino a seguir. Si Vox no es necesario para que Juanma Moreno gobierne, Mañueco puede plantear un órdago a la formación verde y ponerle en la tesitura de romper el pacto en la única Comunidad en la que gobiernan.
La opción contraria supondría un fortalecimiento de la formación que lidera Gallardo y asumir unos recortes que enrarecerán las relaciones entre Junta y agentes sociales.
También las opas
La tijera de Vox también amenaza a las organizaciones agrarias después de que el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, advirtiese de que revisarán las ayudas que reciben. Especialmente dura ha sido Asaja, mayoritaria, que ha afeado que la medida parta de "unos políticos que supuestamente venían a mejorar la situación del campo y que, por cierto, no se han bajado el sueldo ni han renunciado a asesores ni a las millonarias subvenciones de grupo parlamentario".
Para políticas sociales
Vox se ha comprometido a destinar el dinero que dejarán de recibir patronal y sindicatos a políticas sociales de atención prioritaria, que ayuden a los ciudadanos en un momento de particular dificultad económica como la que atraviesa España, aunque supondrá también hinchar la ya abultada bolsa de empleados públicos.
El recorte se materializa con la reducción del 50% de los 4 millones de euros que hasta ahora recibían CCOO, UGT y CEOE en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional en Castilla y León.
Las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales, otros 3,6 millones de euros que también recibían, se suprimen por completo. El dinero ahorrado se invertirá en una mayor dotación de personal en las Oficinas Territoriales de Trabajo que realizan esta misma función. También se eliminan al 100% las subvenciones, 160.000 euros, a las cuatro cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales.
Otro capítulo de dinero público dedicado hasta ahora a agentes sociales que se revisa es el de las subvenciones para la realización de actuaciones en el marco del Servicio Público de Empleo. En concreto, 12 millones para acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 800.000 euros para acciones orientadas a trabajadores ocupados y 925.000 para la integración social y laboral de la población inmigrante.
Casi 14 millones de euros con los que ahora se promoverán cursos de formación con compromiso de contratación diseñados por las propias empresas, lo que garantiza su adecuación a las necesidades del mercado laboral, según explicaba la Consejería de Empleo, Comercio e Industria, cuyo titular es Mariano Veganzones. Este departamento ha sido el primero en acometer los recortes que, además de Agricultura, se extenderán a la Consejería de Cultura, también en manos de Vox
