El pasado mes de mayo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) anunciaba que había aprobado el reparto de 1.000 millones de euros a 171 municipios y dos entes supramunicipales para descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana.
Una cantidad procedente de los fondos europeos y enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Esta ayuda está destinada a municipios de más de 50.000 habitantes, capitales de provincia y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que cumplan unos requisitos, como disponer de un sistema de transporte público urbano. En este sentido, de los 193 municipios que han presentado una solicitud, el 88,6% ha obtenido financiación.
De este modo, 675 millones de euros se pagarán durante el verano para, en palabras del Mitma, "garantizar que los municipios disponen del músculo financiero suficiente para ejecutar las actuaciones financiadas". Y es que, según se recoge en la resolución definitiva, las iniciativas deben estar ejecutadas y puestas en marcha en diciembre de 2024.
Para percibir el primer ingreso, los municipios deberán justificar que las actuaciones subvencionadas se han iniciado antes del 15 de junio. El segundo pago anticipado de 325 millones de euros se llevará a cabo a partir del 16 de enero de 2023.
Por otro lado, el ministerio prevé lanzar una segunda convocatoria en los próximos meses por valor de 500 millones de euros. De este modo, se completarían los 1.500 millones de euros asignados en esta línea.
En este contexto, los municipios de Madrid, Cataluña y Andalucía son los que más ayudas han obtenido de forma agregada con 568,5 millones de euros, el 57% del total.
A qué se destinarán los fondos
Con el objetivo de mejorar la calidad del aire en las ciudades y la descarbonización de la movilidad, de manera que el uso del vehículo privado a motor sea más limitado, los fondos se articulan en cinco grandes áreas de actuación. La mayor parte del presupuesto, un 40,7%, irá destinada a proyectos para desarrollar la movilidad activa. De este modo, se destinarán más de 100 millones a construir o adecuar unos 1.000 kilómetros de carriles bici; se financiará la implantación de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal, promoviendo la intermodalidad; y se aumentará el espacio para peatones en las ciudades.
Otra de las grandes líneas de actuación será el impulso a las flotas de cero emisiones. Para ello, se apoyará la adquisición de unos 648 autobuses urbanos sin emisiones o la compra de más de 45 vehículos eléctricos para la recogida de basuras.
Por su parte, las mejoras en la eficiencia del transporte público contarán con el 16,5% del presupuesto. A este respecto, se contemplan actuaciones como el desarrollo o refuerzo de aparcamientos disuasorios, el establecimiento de áreas de estacionamiento reguladas fuera de las zonas de bajas emisiones, la mejora de la accesibilidad al transporte público a personas con movilidad reducida y colectivos especiales o la habilitación de plataformas y carriles de priorización del transporte público.
Para proyectos de digitalización de la movilidad para la mejora de los servicios públicos de transporte (como por ejemplo información en tiempo real, planificación de itinerarios, pago digital...) y de la gestión de las administraciones, se invertirán más de 120 millones, mientras que las ayudas para financiar proyectos de implantación de Zona de Bajas Emisiones y actuaciones complementarias para su puesta en marcha, o refuerzo de las ya existentes, contarán con 110 millones.
Para garantizar que se cumplen los hitos y objetivos pactados con la Comisión Europea, los municipios deberán justificar al ministerio que están aplicando las ayudas para el fin que se ha concedido. Así, deberán aportar informes semestrales sobre el estado de los proyectos.
Una futura ley de movilidad
El pasado 1 de marzo fue aprobado por el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. El objetivo comprometido con la Comisión Europea es que la ley quede aprobada antes de finalizar 2023. Esta normativa regulará actividades relacionadas con el transporte y la movilidad, incluyendo cuestiones relacionadas con la planificación y financiación de infraestructuras y servicios de transporte, los combustibles alternativos, la movilidad inclusiva, el fomento de la innovación y la digitalización o la mejora de la transparencia.
Para la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, "se trata de privilegiar los modos menos contaminantes y aprovechar la tecnología para conseguir una gestión inteligente de las distintas redes, al mismo tiempo que supone una oportunidad para nuestro tejido empresarial y de innovación, explorando todos los campos de la transición energética, desde el hidrógeno a los combustibles sintéticos y biocombustibles, o desde la renovación del parque automovilístico a la infraestructura de recarga eléctrica".
En el caso de España, la previsión es que la conectividad, la electrificación y el coche eléctrico aporten un 15% al PIB en 2030.
