Google ha comunicado a sus empleados que perderán su sueldo -y podrían llegar a ser despedidos- si no cumplen con la política de vacunación contra el COVID-19 de la compañía.
La información, que ha difundido primero la CNBC, dice que un memorando distribuido por la dirección de Alphabet, matriz de Google, decía que los empleados tenían hasta el 3 de diciembre para declarar su estado de vacunación y subir la documentación que lo demostrara, o para solicitar una exención médica o religiosa de no hacerlo.
La empresa dijo que después de esa fecha empezaría a ponerse en contacto con los empleados que no hubieran subido su estado o no estuvieran vacunados, así como con aquellos cuyas solicitudes de exención no hubieran sido aprobadas.
El documento dice que los empleados que no hayan cumplido con las normas de vacunación antes de la fecha límite del 18 de enero serán puestos en "licencia administrativa pagada" durante 30 días. Después de eso, la empresa los pondrá en "licencia personal no remunerada", es decir, sin sueldo, durante un máximo de seis meses, seguida de su despido.
Un portavoz de Google dijo en un comunicado que "nuestros requisitos de vacunación son una de las formas más importantes de mantener la seguridad de nuestra fuerza de trabajo y el funcionamiento de nuestros servicios".
En España una empresa no puede exigir a un trabajador que se vacune
La decisión de Google llega después de que fuera una de las grandes tecnológicas que también más hizo por el regreso a la oficina, proponiendo también que sus empleados teletrabajadores cobraran en función de su lugar de residencia.
Ahora bien, ¿podría darse algo así en España? Desde el despacho especialista en protección de datos Legitec afirman que algo así sería complicado que se diera en España, donde el pasaporte COVID en el ocio no obstante no ha estado falto de polémica.
Sin embargo, el ocio es una actividad voluntaria, al contrario de un empleo, por lo que según el despacho ni se podría solicitar un certificado COVID para nuevas incorporaciones (algo que se sigue viendo de todas formas), ni dentro de una propia empresa.
"Partimos de la base de que la vacuna contra el COVID no es obligatoria, ni si quiera en ciertos sectores en los que podría resultar más indicada, como el sanitario", señalan. Por tanto, la empresa u organización podría aconsejarlo, pero en ningún caso imponerlo a su personal en base tanto al derecho a la intimidad como a nivel de protección de datos.
