El Gobierno ha vuelto a demostrar que la lucha contra el fraude es el caballo de batalla elegido para esta legislatura. Además, el Ejecutivo ha puesto el foco en el colectivo de autónomos, uno de los sectores donde la economía sumergida es más difícil de detectar.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el anteproyecto de Ley Crea y Crece, que será remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. La norma es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigida a impulsar la creación de empresas y facilitar su crecimiento y expansión. No obstante, el aspecto que realmente afecta a los trabajadores por cuenta propia es el referido a la morosidad.
Los autónomos están obligados a expedir siempre una factura electrónica
Para garantizar que los autónomos declaren todas sus transacciones, el Gobierno ha incluido medidas para "avanzar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales".
De hecho, la lacra de la morosidad es uno de los factores que más impacto tiene en la liquidez del colectivo. Las deudas entre autónomos provocan que estos pequeños negocios no puedan mantener una capacidad financiera que le permita crecer.
Por este motivo, el Ejecutivo extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. "Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial", explican desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Los autónomos que no cumplan los plazos de pago no accederán a subvenciones
Del mismo modo, el Gobierno establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.
En concreto, en lo que se refiere a los plazos de pago entre empresas, pymes y autónomos, se establece un plazo máximo de pago de 60 días para pagar a proveedores.
