Nos encontramos ante un periodo de reflexión y discusión en el comienzo de la tramitación de la futura Ley de Vivienda. Un momento trascendental para el conjunto de la sociedad y del que se generarán importantes consecuencias para el futuro del sector inmobiliario en nuestro país.
Siendo el disfrute de una vivienda digna y adecuada un derecho indiscutible de los españoles, el derecho a la propiedad constituye uno de los pilares esenciales en las democracias occidentales y por tanto la futura ley deberá ser capaz de hacer convivir simultáneamente ambos preceptos con sus correspondientes garantías.
El sector de la vivienda en España tiene por delante importantes retos que resolver, pero para simplificar señalaría dos ejes prioritarios: favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos que cada vez están sufriendo mayores dificultades, especialmente los jóvenes, y por supuesto de las capas más desfavorecidas o en emergencia social y conseguir que las ciudades y pueblos se desarrollen hacia modelos más sostenibles y que aporten mayor calidad de vida a sus residentes. Dentro del capítulo correspondiente al acceso a la vivienda es necesario en primer lugar contar con un diagnóstico adecuado y disponer de datos precisos de la situación actual y las tendencias de demanda y oferta en las áreas geográficas. Hace falta establecer indicadores fiables que permitan fijar objetivos y plazos y controlar su grado de consecución.
Hay que combinar actuaciones que den frutos a corto plazo, fundamentalmente ayudas directas, con otras de medio y largo plazo, entre las que resulta prioritario construir un parque de vivienda pública. Llevará muchos años ir haciendo este parque. Pero en cualquier caso será imprescindible la actuación del sector privado a la hora de desarrollar el suelo o de suscribir acuerdos colaboración con la administración. Debemos hacer cambios en la normativa que permitan que el suelo que se planea urbanizar, se urbanice en plazos mucho menores que los actuales. Resulta asombroso que, en zonas de precios tensionados, exista una distorsión entre oferta y demanda al no poderse construir viviendas porque no se pone en marcha el suelo edificable.
Los responsables del urbanismo de cada zona han de garantizar que la relación entre la oferta y la demanda de vivienda se encuentra equilibrada y que las distintas formas de acceder a ella y que precisa la sociedad actual se encuentran disponibles: en propiedad, alquiler, coliving, etc. También que la proporción entre vivienda libre y protegida en cada zona se encuentra correctamente equilibrada. De otra forma vemos en multitud de ocasiones que los sectores acaban sin desarrollarse, o no lo hacen hasta que la zona experimenta subidas considerables del precio de la vivienda libre que permiten soportar las cargas de las cesiones para la vivienda protegida.
La administración y las empresas públicas tienen que modernizar la gestión y simplificar la burocracia y la tramitación, tantas veces redundante o superflua. Necesitamos que la conectividad actual y las posibilidades de digitalización se incorporen rápidamente al mundo del urbanismo. Solo así podemos diseñar y poner en marcha modelos más sostenibles. No podemos permitirnos estar construyendo hoy planes parciales de hace 30 años.
Sin contar con una industria de la construcción potente, se irá asfixiando poco a poco a la industria dedicada a la promoción residencial
El sector de la construcción ha de satisfacer las necesidades de obra nueva y rehabilitación. Los problemas por los que está atravesando en los últimos años son una señal inconfundible de que es necesario llevar a cabo una reconversión integral hacia la modernización, la innovación y la industrialización. Y para ello resultará clave de nuevo la tutela y ayuda de la administración. Sin una industria de la construcción potente se irá asfixiando poco a poco a la industria de la promoción residencial. Y no olvidemos que este sector ha de jugar un papel clave no solo en la solución a los problemas de vivienda, sino también en la evolución del PIB del país.
Termino ya recordando que las competencias en materia de vivienda y urbanismo se encuentran transferidas a las CCAA y Ayuntamientos, por lo que el marco de juego de la futura Ley debe nacer teniéndolo en cuenta y buscando alianzas y consensos entre el numero más amplio de regiones y partidos políticos. Toca ceder y ser generosos, porque las soluciones a los retos planteados son de largo alcance y por lo tanto si queremos obtener los frutos deseados, las directrices que ahora se pacten se deberán mantener durante varios años sin importar a qué partidos corresponda la formación de Gobierno.