Las empresas se enfrentan en esta década a un alza fiscal sin precedentes. Los países desarrollados tienen en la agenda una armonización fiscal para las multinacionales sin precedentes. Hace meses, el G20 sorprendía al aprobar un impuesto mínimo global a sociedades del 15%. Desde entonces, se suceden las reformas fiscales en materia internacional del Impuesto sobre Sociedades.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prepara un golpe fiscal a las multinacionales de hasta 275.000 millones de dólares. El organismo sostiene que estas compañías evaden hasta un 10% de la recaudación total del Impuesto sobre Sociedades (IS) con sus establecimientos en territorios de baja tributación. La nueva propuesta fiscal de la OCDE obligará a estas empresas a trasladar un 25% de los beneficios a los países donde tengan a sus clientes y usuarios para que tributen allí.
El organismo estudia una nueva propuesta -con dos pilares fundamentales- para abordar los nuevos desafíos en fiscalidad internacional. El documento, al que ha tenido acceso elEconomista, apunta que "en el mundo digitalizado de hoy, las multinacionales a menudo llevan a cabo negocios a gran escala en una jurisdicción con poca o ninguna presencia física". La OCDE calcula que esta situación cuesta entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales, o del 4 al 10% de los ingresos mundiales del IS.
La nueva estrategia establece que los derechos fiscales sobre el 25% de los beneficios residuales de las multinacionales se reasignarán a las jurisdicciones donde se encuentran sus clientes y usuarios. Con esta medida, la OCDE espera que los derechos fiscales sobre más de 125.000 millones de dólares de beneficios se reasignen cada año a los países donde operan las multinacionales. La organización incluye en esta nueva exigencia a las multinacionales con un volumen de negocios global superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad mayor al 10% antes de impuestos, calculada mediante un mecanismo de ponderado con el umbral de volumen de negocios. El plan excluye a los sectores extractivo y de servicios financieros regulados. La OCDE reducirá el umbral de facturación a 10.000 millones de euros, con una revisión que comenzará 7 años después de la entrada en vigor del acuerdo, y otra que se completará en un plazo no superior a un año.
Los Gobiernos de Irlanda y Estonia, los más reticentes al acuerdo, han anunciado que se suman al acuerdo fiscal internacional acordado en el marco de la OCDE para gravar con un 15% los beneficios de las multinacionales, según confirmó el ministro de Finanzas del país y presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe.
El Irlandés aseguró que el su cambio de opinión responde a la decisión de finalmente suprimir del texto pactado la expresión "al menos" que abría la puerta a una tasa superior al 15%. "Algunos países querían mayores tipos fiscales mínimos y creo que nuestra posición ha moderado esas ambiciones en el contexto de un acuerdo y consenso amplio", señaló el Donohoe.
El ministro aseguró que la Comisión Europea ha garantizado a Dublín que la Directiva que se propondrá para transponer el acuerdo de la OCDE será "fiel" al acuerdo y "no irá más allá del consenso internacional".
