Madrid
Durante estos 15 años de vida de elEconomista, España ha completado un ciclo económico y comenzado otro con una recesión y recuperación completamente inéditas. Es una perspectiva más que razonable para evaluar qué ha sucedido durante este tiempo y, lo que es más importante, cuál es el estado de salud de los motores principales de España y qué perspectiva dejan para los próximos años.
Después de un fuerte proceso de convergencia real en los años ochenta y noventa con la UE-15, la primera década de los 2000 supuso el desacople de esta tendencia, creándose una divergencia creciente conforme las condiciones crediticias seguían facilitándose y se invertía fuertemente en sectores de baja productividad. La llegada de la crisis de 2007-2008 ahondó en este proceso, reduciendo drásticamente el potencial de crecimiento y poniendo en peligro la tendencia de largo plazo que tanto había costado construir desde el Plan de Estabilización de 1959. Una grave crisis de origen financiero por acumulación de excesos crediticios e inmobiliarios común a nivel internacional, pero con factores propios que la hicieron más grave como fue la aplicación de políticas económicas erróneas y a destiempo entre 2009 y 2012.
Casi en el último momento y gracias al apoyo financiero e institucional de la Unión Europea que permitió hacer algunas (no todas) las reformas estructurales necesarias, el proceso de convergencia real de España con el conjunto del mundo desarrollado se recuperó a partir de 2013-2014, ayudado por una nueva fase alcista del ciclo. Esta dinámica se ha visto interrumpida por dos elementos con un poder fuertemente destructor: por un lado, una crisis política e institucional permanente desde hace más de cinco años con el fortalecimiento de nacionalismos, populismos y el acercamiento a los extremos por parte de los dos principales partidos políticos que han sostenido la gobernabilidad de España; y, por otro lado, una pandemia global con un resultado de más de 70.000 muertos reales, la parálisis de la actividad y un proceso de recuperación lento muy condicionado por las políticas aplicadas y viejos fantasmas que han vuelto a agitarse como la inflación y el proteccionismo.
Este somero análisis cíclico (o, más bien, estado de la situación actual) muestra hasta qué punto la economía española ha perdido una parte sustancial del dinamismo estructural que tenía y que le colocó como la cuarta mayor economía de la zona euro y dentro de las diez grandes economías del mundo. De lo temporal es necesario pasar al análisis de fondo, el cual no puede partir de otro sitio que el análisis del crecimiento potencial de la economía y, a partir de él, estudiar cuáles son los motores que determinan el ritmo de crecimiento de largo plazo.
Tras años de fortalecimiento del PIB tendencial, la crisis de 2007-2008 provocó un cambio de tendencia que disminuyó el potencial de crecimiento. Según las estimaciones que publica la OCDE, para duplicar el nivel de PIB anterior a marzo de 2020, España necesitará entre 25 y 30 años, alcanzándose en torno a 2050. Sin embargo, si la tendencia de largo plazo hubiera continuado en los mismos términos que antes de 2007, el PIB se habría duplicado entre 2035 y 2040. Este ejercicio contrafactual muy típico en la ciencia económica no debe ser tomado al pie de la letra. Es un cálculo ilustrativo que ayuda a entender hasta qué punto no hacer lo que se debe en el momento en que debe hacerse, tiene un coste a largo plazo muy notable.
Tal como destacan los modelos de crecimiento endógeno y los más recientes avances de la ciencia económica sobre el estudio del crecimiento, el principal factor que determina y explica el crecimiento de las economías es la productividad, la cual no surge de factores exógenos, sino que se determina a partir de la propia dinámica de la economía, siendo uno de los factores más relevantes el marco institucional. En este sentido, aquí se ha producido un desacople creciente en los últimos años conforme se ha revertido la tendencia de la política fiscal después de la crisis de 2007-2008 y un marco regulatorio en todos los órdenes (laboral, pensiones, competencia, mercado financiero…) cada vez más complejo y confuso. Una de las víctimas más importantes es la productividad a largo plazo, la cual para que se produzcan incrementos sustanciales depende de factores cíclicos y exógenos. Es la base del crecimiento económico posterior al año 2014 (2,6% medio anual), el cual está explicado en más de dos tercios por el incremento del empleo y horas trabajadas, y no por una mayor intensidad del capital, sea tecnológico o humano.
La productividad total de los factores ha pasado de crecer un 1% en términos estructurales en los dos ciclos económicos completos anteriores a la crisis de 2008 a situarse en el 0,2% de media entre 2010 y 2019 según las estimaciones de Eurostat. Este fenómeno de descenso de la productividad conjunta capital-trabajo no es algo exclusivamente español: es un rasgo común de las economías desarrolladas en los últimos años. Sin embargo, en España esta diferencia es más acusada, dada la distancia que ya tenía previa con el mundo desarrollado y la dificultad de haberla cerrado antes.
En este sentido, diferentes estudios apuntan al marco regulatorio español, a la calidad institucional y a las posibilidades reales de producción de innovación interior como las causas del menor crecimiento diferencial de la productividad total de los factores. Todos ellos no son factores de demanda sino factores de oferta estructurales, es decir, condicionantes que pesan sobre las decisiones de inversión, empleo y, por ejemplo, emprendimiento.
Por ejemplo, uno de ellos es la inversión en I+D sobre PIB. Tenemos la tentación de pensar que es necesario un fuerte apoyo público para que esto suceda. Sin embargo, no es tanto un problema de producción de innovación (donde se puede mejorar mucho) sino de aplicación práctica, de surgimiento de nuevos negocios, nuevas oportunidades laborales o de inversión que generen riqueza a largo plazo. El grado real de competencia en muchos mercados de bienes y servicios, el coste real de la fiscalidad, la dificultad de abrir empresas, la falta de un mercado único e integrado con mecanismos de coordinación e intercambio entre millones de pequeñas empresas o la lentitud y efectividad de la Justicia, son los elementos que sí condicionan el crecimiento futuro y todos ellos pueden agruparse en torno a un concepto: "instituciones".
El mejor ejemplo es la diferencia entre la Universidad, las Escuelas de Negocios y los Centros de Formación Profesional. Suele aludirse a la "educación" como uno de los problemas centrales. Desde luego lo es, pero no en el sentido que se interpreta habitualmente. La cuestión no es sólo el conocimiento sino, fundamentalmente, el mecanismo de transferencia de estos conocimientos sobre el mercado y una vez que esto se produce, en qué sectores se aplica y con qué dinámica de productividad (no es igual emplear la innovación en sectores de bajo valor añadido actual pero que se pueden convertir en potencias a largo plazo, que en sectores que puedan tener muy cerca su frontera tecnológica, por ejemplo).
Finalmente, también hay factores de largo plazo que ponen palos en las ruedas de la innovación aplicada y efectiva, siendo el envejecimiento de la población uno de los más amenazantes en los próximos años, y habiendo demostrado su capacidad de producir estancamiento económico en países como Japón, donde fuertes avances tecnológicos (y, por tanto, crecimientos de la productividad del capital) se ven contrarrestados por una fuerte 'tasa de depreciación', la cual podemos caracterizar como el coste del envejecimiento y de la obsolescencia de la tecnología actual.
En suma, estos son los retos de la economía española para los próximos 15 años: cómo fortalecer las instituciones y la productividad para que se traduzca en crecimiento económico futuro.