Madrid
La factura que supuso pagar la nómina del conjunto de los empleados públicos de todas las administraciones (central, autonómicas y locales) alcanzó los 172.350 millones. Una cifra que supone un incremento del 5,4% respecto al ejercicio y, también, el máximo histórico de esta variable. Alcanzar dicho límite no sorprende a nadie a tenor de las subidas constantes en torno al 4% y el 5% que el gasto en nóminas de los funcionarios experimenta desde hace seis años, según datos de Hacienda. Existen varios motivos que explican las notables subidas de esta partida. Evidentemente la actualización de las nóminas al IPC es una de ellas. Pero el gran motivo reside en el desmedido incremento que ha experimentado la plantilla de empleados públicos. Las autonomías han sido las administraciones que más han incrementado su número de funcionarios, con una subida del 16,1% desde 2018. En cuanto a la administración local la subida ha sido del 6,8%.
En cuanto al Estado central y pese a que el número de efectivos es menor al de 2008, también se debe tener en cuenta el aumento de plantilla del 60,2% de la Seguridad Social y del 27,6% en las empresas e instituciones públicas. Y por si falta algo, el Gobierno lanzará en julio una nueva convocatoria récord de empleo público, que superará las 40.000 plazas. Queda así patente que es el aumento de funcionarios la razón que explica que la factura de pagar a los empleados públicos siga al alza y bata máximos año tras año. Un alto coste que seguirá alimentando el gasto corriente y el déficit público, al tiempo que resta productividad al mercado de trabajo en un país que sigue teniendo el triste honor de ostentar la mayor tasa de paro de Europa y ser el único de la OCDE con un porcentaje de desempleados superior a los dos dígitos.