Madrid
Se cumplen dos años desde que el Congreso aprobara la ley de vivienda. Una normativa que nació con el objetivo de que la "vivienda dejara de ser un bien de lujo para convertirse en un derecho", según palabras del propio Pedro Sánchez. Pues bien, pasados 24 meses de aquello, la realidad del mercado residencial es muy diferente a la que el jefe del Ejecutivo prometió. El mejor ejemplo se da en el segmento del alquiler, donde los precios durante este el periodo se han disparado más del 20%. La razón de ello es que medidas intervencionistas incluidas en la ley, como el tope a las subidas de las rentas, han provocado una notable destrucción de la oferta disponible en un contexto de elevada demanda. En concreto, la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos calculan que el mercado se ha reducido en más de 120.000 unidades, un 16%, mientras que la demanda ha crecido un 66%.
A esta pérdida también ha contribuido la inseguridad jurídica al no haberse resuelto el problema de la okupación. Asimismo, la reducción de las deducciones fiscales del 60% al 50% ha desincentivado que los propietarios saquen sus activos al mercado. Y, por último, el fomento de la vivienda pública incluido en la normativa, que ha pasado del 2,5% al 3,4%, sigue siendo insuficiente. Todo ello demuestra que es necesario más tiempo para impulsar la oferta y, con ello, frenar la escalada de los precios, porque hasta ahora se ha logrado justo el efecto contrario. Urge, por ello, que los dos grandes partidos políticos dejen de hacer política con este asunto, desbloqueen la Ley del Suelo y alcancen un Pacto de Estado. Solo así se elevará la oferta disponible y se logrará que el acceso a la vivienda deje de ser el primer problema social.
