La patronal condena que el Gobierno vuelva a introducir cambios en materia laboral sin llegar a un consenso con los agentes sociales, y en esta ocasión, sin haber consultado a los representantes de empresas y trabajadores. Dos días después del último Consejo de Ministros, CEOE y Cepyme han emitido una breve nota en la que cuestionan la ampliación de permisos por nacimiento (maternidad y paternidad) y por cuidado de menores de hasta 8 años que aprobó el Gobierno este martes, por la que se suman 19 semanas de ausencias remuneradas a las que se suman otras ocho no remuneradas y las tres que se pueden reunir al acumular los días de lactancia.
Las empresas no se pronuncian sobre el fondo de los cambios aprobados, la ampliación de 16 a 17 semanas del primer permiso (a 28 para las familias monoparentales) y la remuneración de dos semanas (cuatro en el caso de las familias encabezadas por un solo adulto) del permiso dirigido a trabajadores con menores de hasta ocho años, sino sobre la forma en la que se han adoptado estos cambios. "Esta media, que se ha tomado sin previa consulta a empresarios y sindicatos, es un ejemplo más de una dinámica preocupante que ignora el modelo de concertación social que ha sido clave en la estabilidad económica y social de nuestro país desde el comienzo de la democracia" reprochan las organizaciones empresariales.
Para CEOE y Cepyme, este comportamiento es especialmente grave por darse en "un contexto especialmente sensible para el tejido productivo de nuestro país" en el que explican que las empresas ya soportan una elevada presión derivada del problema del absentismo, la caída de la productividad por ocupado, la iniciativa para reducir la jornada a 37,5 horas (que se encuentra bloqueada en el Congreso de los Diputados), la fiscalidad que, aseguran, merma la competitividad de las empresas en el extranjero y la aprobación de nuevas obligaciones como las planeadas respecto al registro horario o que introducen nuevas cargas burocráticas. Todo ello denuncian que está ahogando a las pymes y los autónomos, así como limitando la capacidad de crecer de las más abultadas.
En este sentido, reclaman un freno en los cambios laborales. "Para estimular la inversión, consolidar los avances en el empleo y frenar su desaceleración, resulta imprescindible evitar la proliferación de anuncios de cambios normativos que generan incertidumbre, rigidez y mayores costes para las compañías y limitan la capacidad de adaptación de las empresas y las personas trabajadoras al entorno" expresan los empresarios en el comunicado difundido este jueves. Las patronales demandan que el Gobierno tenga "responsabilidad institucional" y que vuelva a aplicar un diálogo social "real, estructurado y eficaz" en materias sensibles como esta, puesto que sus empresas necesitan previsibilidad, seguridad jurídica y entornos regulatorios estables para operar con garantías.