Madrid
El envío de la carta por parte de Bruselas al Gobierno italiano en la que cuestiona la legitimidad de la intervención en la operación bancaria UniCredit-BPM pone al equipo de Meloni contra las cuerdas. La Comisión Europea considera que las medidas impuestas a la transacción del gigante italiano son "contrarias a las normas de la UE sobre libre circulación de capitales y a la competencia exclusiva del BCE como autoridad de supervisión prudencial" y le invita a "presentar sus observaciones al respecto" en un plazo de 20 días. El Ejecutivo declaró que responderá "con espíritu colaborador y constructivo a las aclaraciones solicitadas". La operación bancaria italiana no es la única bajo la lupa del órgano comunitario: la opa BBVA-Sabadell también lleva meses bajo escrutinio y es posible que el Gobierno de España, al vetar la fusión entre las dos entidades durante tres años, sea el próximo en tener que rendir cuentas por su actuación a Bruselas.
Al ejercer el llamado Golden Power, un mecanismo que otorga la posibilidad de bloquear operaciones en sectores estratégicos para defender los intereses nacionales, el Gobierno transalpino impuso una serie de medidas detalladas a la entidad presidida por Andrea Orcel. El Consejo de Ministros dio al banco italiano nueve meses para completar su salida de Rusia, donde ya ha reducido sus actividades un 90% desde la invasión de Ucrania. Además, UniCredit tendrá que mantener la cartera de financiación de proyectos de ambas entidades, así como el peso actual en los títulos de emisores italianos de las inversiones de Anima -la sociedad de gestión de activos recientemente adquirida por BPM-, y la actual relación entre préstamos y depósitos durante cinco años.
La normativa europea permite a los Gobiernos nacionales poner sus condiciones en una oferta pública de adquisición a condición de que respondan a criterios de interés general. Sin embargo, Bruselas, cada vez más ambiciosa en la creación de grandes entidades financieras para completar el proyecto de la unión bancaria, parece considerar que la intervención de Palacio Chigi en la opa de UniCredit no está justificada por razones sólidas de seguridad nacional, y la actuación de Moncloa en la saga BBVA-Sabadell corre el mismo riesgo. Después de que algunos medios publicaron que la Comisión Europea se estaría preparando a abrir un proceso de infracción a España por entorpecer la opa del banco vasco, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aclaró la semana pasada que no tiene ninguna información sobre la apertura de un expediente.
Las dos operaciones tienen varios elementos en común: además de ser puramente domésticas, son consideradas hostiles, ya que tanto Sabadell como BPM rechazaron las ofertas de sus "atacantes", al considerar que subestimaban su valor. No obstante, el brazo ejecutivo de la UE está analizando minuciosamente cada transacción por separado y desde hace meses está intercambiando información tanto con Roma como con Madrid al respecto.
A la hora de poner sus criterios sobre la operación, España, a diferencia de Italia, no ha entrado en la microgestión de las dos entidades y no ha impuesto condiciones específicas que comprometan parte de sus negocios. El Ministerio liderado por Cuerpo obliga al BBVA a mantener al Sabadell como un banco separado jurídicamente durante, al menos, tres años, además de prohibirle realizar despidos estrictamente vinculados con la integración. El Ejecutivo italiano, en cambio, ha ido bastante más allá, al poner sobre la mesa cuatro medidas que establecen limitaciones concretas a las actividades de UniCredit, desde el manejo de sus operaciones en el extranjero hasta la administración de sus inversiones.
Además, la entidad italiana recurrió a los tribunales el veredicto del Gobierno, una vía que BBVA aún está explorando. El Tribunal Administrativo Regional del Lacio acogió parcialmente el recurso de UniCredit, al expresar su desacuerdo sobre dos de las cuatro condiciones impuestas por el Gobierno: el mantenimiento de la inversión en obras públicas importantes y el de la ratio entre préstamos y depósitos. Se trata de una decisión sin precedentes, ya que es la primera vez que un tribunal administrativo cuestiona un acto formal del Golden Power. Es, además, un veredicto que, por un lado, presiona al Gobierno hacia una posible reformulación de sus criterios, pero que, por otro lado, justifica su intervención en dos aspectos claves, como la salida de Rusia y el mantenimiento de las inversiones en Anima.
Otro aspecto que motivaría la más rápida intervención de Bruselas en la transacción italiana tiene que ver con los plazos. La oferta del coloso milanés empezó el pasado 28 de abril y, tras la suspensión durante un mes por parte del regulador del mercado bajo petición del mismo UniCredit, está previsto que termine el 23 de julio, es decir, la próxima semana. En cambio, la ventanilla para la opa de BBVA se abrirá en las próximas semanas, después de la publicación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), programada para este mes. Una diferencia importante de calendario que ha impulsado a Bruselas a apurar los plazos en su escrutinio de la operación italiana. ¿Se acabará también la paciencia con Madrid?