Madrid
BBVA no ha participado en la consulta pública inédita que abrió el Gobierno sobre la opa anunciada por la entidad sobre Banco Sabadell, según han trasladado fuentes del banco. En cambio, el vallesano sí ha respondido al cuestionario, algo que el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, había adelantado el pasado 8 de mayo durante la presentación de los resultados del primer trimestre.
"BBVA considera que no hay factores de interés general afectados por la operación", señalan estas fuentes, que apuntan a que los compromisos asumidos por el banco ante Competencia favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos.
Desde el entorno del banco vasco han señalado que, como parte interesada en el procedimiento, se han trasladado sus consideraciones al propio Ministerio de Economía y al resto de autoridades en el propio procedimiento. Durante el año que esta operación lleva en marcha, BBVA ha defendido que la opa es positiva para clientes, empleados y accionistas de ambas entidades. También han destacado que permitirá elevar la capacidad de préstamo en 5.000 millones.
Por otra parte, el banco presidido por Josep Oliu se ha opuesto a la transacción, al considerarla un peligro para el tejido empresarial -sobre todo para las pymes- y al creer que la oferta de BBVA infravalora el vallesano. En la presentación de resultados, González-Bueno destacó que existe un "rechazo generalizado" por parte de los actores económicos y que la acción de BBVA "ha perdido valor para ser moneda de cambio" en la operación. Aseveró, además, que el banco decidirá si hacer pública o no la respuesta a la consulta.
Se trata de la primera vez que el Gobierno emplea una consulta pública para una operación corporativa de este tipo, aunque es un procedimiento habitual en otro tipo de desarrollos normativos. El plazo para participar termina este viernes. El Ministerio de Economía tiene hasta el 27 de mayo para decidir si eleva o no la operación al Consejo de Ministros.
"La consulta no se plantea como un sí o un no a la imposición de condiciones o como un sí o un no a la propia opa", dijo este viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en declaraciones a La 1, recogidas por EP. El ministro detalló que el Ejecutivo busca obtener "información cualitativa relevante" de cuáles son los motivos de interés general que puedan tener las personas afectadas o involucradas.
Los sindicatos CCOO y UGT, por su parte, advirtieron de que la operación podría suponer "una pérdida masiva de empleo", de entre 7.684 y 10.567 puestos de trabajo directo, que afectaría especialmente a personas mayores de 50 años.
