
La Agencia Tributaria filtraba datos fiscales de personajes públicos de forma directa a Felipe Martínez Rico, el exjefe de Gabinete del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Según consta en el sumario de la causa y en los correos electrónicos intervenidos, el que fuera director de la Agencia Tributaria durante el mandato de Mariano Rajoy, Santiago Menéndez Menéndez, trasladaba "información reservada" de determinadas personas a Martínez Rico; ambos imputados en la causa, que busca probar si el exdiputado y otros 27 investigados utilizaron su posición pública para beneficiar a algunas empresas a cambio de un "lucro económico".
La información a la que el gabinete de Montoro tenía acceso abarcaba desde el caso 'Gürtel' hasta la situación fiscal de empresarios, deportistas como Rafael Nadal y Cristiano Ronaldo, y distintos políticos como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o el exministro de Economía Rodrigo Rato.
A estos informes el juez del 'caso Montoro' tuvo acceso tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción a la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria para la localización de correos electrónicos del exministro popular a fin de determinar si podía haber una búsqueda de información personal contra personas de interés de Montoro.
Los correos intervenidos en la investigación datan del año 2017 y muestran, entre otras cosas, que Menéndez Menéndez ordenó a un inspector de Hacienda que le enviaran los informes periciales y judiciales de algunas de las causas mediáticas: "Es muy importante que antes de que se envíen este tipo de informes en el auxilio yo tenga conocimiento del contenido de los mismos".
Entre la información a la que el exjefe de Gabinete de Montoro tuvo acceso, destaca un informe de la Agencia Tributaria sobre la causa de financiación del Partido Popular, donde se indica que el juez del caso "va a considerar la existencia de delito fiscal en Unifica", la empresa que efectuó las obras de la sede en Génova.
"El delito fiscal [...] es más cuantioso de lo que inicialmente estimó la AEAT. Se considera que el incumplimiento de la ley de financiación de partidos políticos debe sancionarse administrativamente y no tiene consecuencias tributarias de ningún tipo", indica Martínez Rico, según un informe de Hacienda.
El equipo de Montoro tuvo acceso asimismo a la inspección fiscal hacia Esperanza Aguirre e incluso a los avances de la investigación: "En las alegaciones formuladas por la interesada el 03/07/2017, se ha aclarado el origen de esas discrepancias [...], por lo que se va a proceder al cierre del procedimiento", expone uno de los correos intervenidos.