Nadia Calviño, exministra de Economía y hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), también se implicó en el rescate de Air Europa, según los WhatsApp que adelanta hoy el diario El Mundo. "Habrá que correr la próxima semana", le llegó a decir en un mensaje. "OK. Está que se corta las ventas. Ya no puede burlar más a los acreedores", le contestó el entonces ministro de Transportes.
El rescate de Air Europa por parte de la Sepi tras la pandemia por el Covid fue el único que se aprobó en 2020 tras la intervención tan solo unas semanas antes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Habrá que darle una vuelta", le dijo Sánchez a Ábalos después de que la aerolínea solicitara la ayuda, por un importe de 475 millones de euros, el 20 de agosto de 2020. Tan solo unos días, el 3 de septiembre, el comisionista Víctor de Aldama informaba a Koldo García de que Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de Air Europa, había llamado a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, porque "está jodido".
Los mensajes de WhatsApp de José Luis Ábalos y Nadia Calviño en 2020 y 2021, destapados ahora por El Mundo, no se parecían a los que se cruzaba con María Jesús Montero. La titular de Hacienda se alío con Ábalos -al que llamaba su «tronco»-, pero Calviño mantenía un tono mucho más neutro, poniendo incluso pegas por los dividendos millonarios que había repartido la empresa aunque acabó cediendo.
La Sepi acordó además el rescate de la aerolínea a pesar de que Globalia, propietario del 80% de la compañía, tenía un contencioso con la Agencia Tributaria en los tribunales por operaciones en la aerolínea, y esto era, precisamente, uno de los criterios de elegibilidad de las empresas beneficiarias del rescate. Las compañías debían de hallarse al corriente a 31 de diciembre de ese año en el cumplimiento tanto de sus obligaciones tributarias como ante la Seguridad Social.
Aval de la Abogacía del Estado
Aunque es cierto que el rescate no se concedió a Globalia, el contencioso abierto se correspondía con exenciones fiscales de Air Europea. Ante la duda sobre la posibilidad o no de poder ejecutar el rescate, al tener el accionista mayoritario una deuda con Hacienda, la Sepi elevó una consulta a la Abogacía del Estado, que emitió un informe favorable, concluyendo que no existía argumento alguno para justificar la negativa. El juez Juan Carlos Peinado, que está investigando a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros tantos delitos, ha dictado un auto en el que ve "un nuevo indicio delictivo" que, según dice, afecta directamente a la mujer del presidente del Gobierno.
El PP pide una investigación en Bruselas
La vicepresidenta del Grupo PP europeo, Dolors Montserrat, ha trasladado hoy a la Comisión Europea las nuevas revelaciones sobre la participación del Gobierno de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa, ante las sospechas, según dice, de una "violación de los principios de imparcialidad, legalidad y buena administración exigidos por el artículo 2 del Tratado de la UE y por las normas sobre ayudas de Estado".
En una pregunta parlamentaria, recalca que un alto cargo de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, sin competencia ministerial específica en materia de transportes o solvencia empresarial participó directamente en la votación, sin tener base legal para ello. Además, la tramitación fue cinco veces más rápida que la media de otros rescates aprobados en el mismo marco, lo que agrava las sospechas de trato de favor y de falta de transparencia.
Posibles privilegios
"No puede haber privilegios ni rescates a medida en Europa. Exigimos transparencia y responsabilidad para que ningún gobierno use las ayudas públicas como un instrumento al servicio de sus intereses particulares", planteó Montserrat. "Si además, una de las personas implicadas es la ahora presidenta del BEI, el asunto toma relevancia europea y mina la credibilidad de nuestras instituciones", agregó.
El procedimiento de aprobación del rescate presenta, además, singularidades relevantes: el importe fue fraccionado en dos préstamos, lo que podía evitar una notificación y control previo por parte de la Comisión Europea.
