
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha pedido a su centro adscrito Cardenal Cisneros "recabar toda la información" sobre los estudios de Derecho del popular Pablo Casado. Una vez tenga el expediente, "actuará con contundencia si hay indicios de la más mínima irregularidad".
Según fuentes de la UCM a Efe, la petición se ha hecho tras las informaciones publicadas por El Mundo que apuntan a que Casado aprobó 12 asignaturas de Derecho en cuatro meses, de las 25 que tiene esa carrera, y lo hizo tras ser elegido diputado en la Asamblea de Madrid, algo que el propio Casado ha negado denunciado difamaciones para"machacar su prestigio personal".
El Centro Cardenal Cisneros ha negado a través de un comunicado "de forma tajante que se haya dado un trato preferente o de favor a ningún alumno", y ha lamentado que El Mundo "en ningún caso, se ha puesto en contacto con portavoz alguno ni personal directivo del centro para contrastar una noticia llena de imprecisiones, falsedades y con dudosas fuentes de información".
Casado empezó su carrera de Derecho en Icade en 1999 y en 2007 tenía aprobadas 13 asignaturas, según la citada información, que detalla que el dirigente popular trasladó entonces sus estudios al centro Cardenal Cisneros, donde obtuvo el título de licenciado, de forma que, en cuatro meses, entre junio y septiembre, aprobó 12 asignaturas, el equivalente al 48% de la titulación.
La Complutense devuelve la plaza a Cifuentes
Justo hoy, la Complutense ha procedido a asignar a la expresidenta regional Cristina Cifuentes la plaza que tenía en reserva en la institución y realizará los cometidos oportunos que se le encarguen desde la gerencia del centro.
En un comunicado, la universidad recalca que ha seguido el reglamento y procedimiento habitual marcado, como es su obligación, y que Cifuentes regresa a su puesto base, de nivel 24 dentro de la escala de la UCM, y con las retribuciones que le corresponden según los presupuestos. El rectorado de la UCM explica que Cifuentes tiene la condición de funcionaria del subgrupo A1, habiéndose encontrado durante su período como diputada electa de la Asamblea de Madrid en situación de servicios especiales, según lo previsto en el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público y el Capítulo III del Real Decreto 365/1995 (Reglamento de situaciones administrativas de los Funcionarios Civiles).
"La UCM tiene la obligación de aplicar escrupulosamente la Ley, como lo está haciendo, evitando cualquier trato de favor, pero garantizando, al mismo tiempo, los derechos que, en este momento, como funcionaria le correspondan a la señora Cifuentes", dice el comunicado.