Salen a la luz las propuestas con las que Grecia y sus acreedores -CE, FMI y BCE- llegaron ayer al Eurogrupo. En ellas, se pueden ver algunos puntos de acercamiento, sobre todo en materia de impuestos, pero aún hay muchas diferencias en lo que se refiere a recorte de pensiones y gasto en defensa. En definitiva, las instituciones instan a no incrementar tanto la presión fiscal y llevar a cabo más recortes de gasto. Consulte aquí el documento de los representantes griegos y de la antigua troika (.pdfs en inglés).
Ya lo anticipaba ayer el presidente del Eurogrupo. A su salida de la tercera reunión fallida en una semana, Jeroen Dijsselbloem aseguraba que la distancia entre Grecia y sus acreedores sobre las reformas para desbloquear las ayudas "todavía es grande". Mientras, el sector financiero heleno continúa en una situación muy delicada: los depósitos de la banca griega caen en mayo a su nivel más bajo desde agosto de 2004.
Las negociaciones siguen en punto muerto a la espera del Eurogrupo de mañana y el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, ya ha adelantado que no cederá ante la propuesta de las instituciones. Varoufakis, ha asegurado que las peticiones de los acreedores están dejando al país heleno en una "posición imposible" a la hora de decidir sobre un posible acuerdo.
"La parte griega lo está dando todo para adaptarse a algunas peticiones extrañas de las instituciones. Ahora depende de ellas sumarse o no", ha señalado Varoufakis, quien ha insistido en la austeridad planteada destruiría toda posibilidad de crecimiento y complicaría el pago de la deuda. ¿Pero en dónde radican las diferencias entre Grecia y los acreedores?
Gasto en defensa: 200 millones de diferencia
En primer lugar, en el recorte del gasto militar. Ambas partes mantienen un desfase de 200 millones de euros. La propuesta griega insiste en reducirlos en 200 millones y las instituciones insisten en 400 millones. Desde mediados de los años 70, el país se ha negado a hacer recortes en esta división ante la "amenaza turca".
Grecia dedicó en los presupuestos generales del Estado más de 3.300 millones de euros a la partida de defensa, lo que corresponde a cerca del 6% de su erario público. De este total, la mayor parte va destinada al pago del personal (más de 175.000 militares, casi todos profesionales).
Pensiones: ¿Cancelar las prejubilaciones?
Las pensiones, otra de las históricas líneas rojas para el Gobierno de Tsipras, vuelve a ser otro de los escollos. Es cierto que, ambas partes se han acercado en cuanto a los objetivos de ahorro, pero no en las fechas del calendario.
Y es que la diferencia fundamental en este aspecto radica en el momento en que debe empezar a aplicarse la eliminación escalonada de las prejubilaciones. Los acreedores exigen que se ponga en marcha desde el mes que viene y Grecia plantea un margen de unos meses.
En el anterior documento del Ejecutivo heleno proponía el 1 de enero de 2016 como fecha de inicio, en el más reciente, el 1 de octubre próximo. El objetivo final de ambas partes es eliminar completamente la jubilación anticipada hasta el año 2022.
¿Fin de las ayudas sociales?
Las ayudas sociales son otro de los puntos de la discordia. Grecia mantiene su propuesta de sustituir gradualmente de aquí a diciembre de 2018 las ayudas sociales a los pensionistas con ingresos bajos por otra fórmula, mientras que los acreedores exigen su abolición total, aunque dan un margen de un año más, es decir, 2019.
En cuanto al aumento de las contribuciones de los jubilados al seguro médico, Grecia mantiene su objetivo de elevarlas en un punto porcentual, del 4% al 5%, mientras que las instituciones piden el 6%.
Grecia cede en impuestos
Mejor tono tiene en materia de impuestos la negociación entre ambas partes. En cuanto a la reforma del IVA, el texto griego propone ingresos adicionales de un 0,93% del PIB, cerca del 1% que exigen los acreedores. En su documento anterior, el Gobierno de Atenas había ofrecido un 0,74%.
Grecia cede a las posiciones de las instituciones en cuanto al aumento del impuesto de sociedades, actualmente en el 26%, y, en lugar del 29% que pretendía aplicar, lo reduce al 28% que piden los socios.
Sin embargo, Grecia mantiene pequeñas diferencias respecto a las tasas que deben aplicarse a ciertos productos y servicios. Así, por ejemplo, insiste en que los hoteles deben estar sujetos a una tarifa reducida del 13%, mientras que las instituciones exigen un 23%. El Ejecutivo heleno también mantiene su reclamación de garantizar una tarifa especial reducida en las islas con economías débiles, algo que los socios quieren abolir.
