¿Golpe de Estado en Venezuela? Así lo ha asegurado este jueves la oposición del presidente chavista Nicolás Maduro después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya informado de que asumirá por completo las competencias de la Asamblea Nacional -controlada por la alianza opositora Mesa de Unidad Nacional- por considerar que la cámara legislativa continúa actuando en "desacato". El gobierno, por su parte, ha condenado este jueves la "arremetida" de varios países contra Caracas.
La decisión del alto tribunal ha llegado después de que admitiera un recurso de interpretación mediante una sentencia hecha pública el miércoles, en la que determinó que el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, no tiene impedimentos para constituir empresas mixtas y, por tanto, no debe contar con el respaldo de la Asamblea Nacional para hacerlo.
En su fallo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia justifica su decisión de autorizar al Gobierno a crear empresas mixtas sin la aprobación del Parlamento por la "urgencia" de ese asunto y declara la conocida como "Omisión Inconstitucional parlamentaria".
Esta "omisión Inconstitucional parlamentaria" conlleva que "no existe impedimento alguno" para que el Gobierno pueda crear empresas mixtas en aplicación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y que el Ejecutivo deberá "informar" al Supremo "de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República".
El Supremo establece, además, que la Asamblea Nacional "no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones" para las empresas mixtas que cree el Gobierno, lo que implica que no podrá alterar ni modificar las decisiones del Gobierno.
"Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", ha asegurado, en su argumentación el alto tribunal.
La oposición anuncia protestas
Horas después de conocerse la decisión, el Parlamento venezolano, de amplia mayoría opositora, acusaba a Nicolás Maduro de haber dado un "golpe de Estado". Además, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, ha urgido a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas a responder. Borges ha calificado esta sentencia de "basura" y ha anunciado que el Parlamento la desoirá porque "los diputados están obligados a desconocer cualquier sentencia que viole la Constitución y las leyes". "Es nula", ha sostenido.
El líder opositor ha explicado que el objetivo de esta resolución judicial es que Maduro pueda "concentrar todo el poder en sus manos" para "hacer las leyes que le dé la gana, endeudar al país como le dé la gana y perseguir a los venezolanos como le dé la gana". El objetivo inmediato, ha subrayado, es "evitar el control del Parlamento al otorgamiento de contratos de exploraciones petroleras a empresas extranjeras". "Maduro está regalando la riqueza del pueblo venezolano", ha denunciado.
A este respecto, Borges ha advertido a todas las compañías que accedan a estos contratos que se trata de negocios jurídicos "nulos" porque se basan en una sentencia "nula" y que serán "desconocidos" cuando, "más pronto que tarde", haya un cambio de Gobierno en Venezuela. "Estamos ante un golpe de Estado con todas las letras", ha aseverado y ha advertido a los magistrados del TSJ de que "no van a salir impunes" porque la Asamblea Nacional "va a hacer las demandas necesarias dentro de Venezuela" y en "todas las instancias internacionales".
Borges ha criticado además que se trata de "una sentencia contra el pueblo venezolano" porque con ella las autoridades pretenden "pasar por encima" de la voluntad de cambio expresada en las elecciones parlamentarias de 2015, que dieron la mayoría a la oposición. "Creen que van a seguir negando la realidad de pobreza, de hambre, de violencia que tiene el país (...) Maduro cree que desconociendo la Constitución va a salvarse de la decisión de cambio del pueblo venezolano (...) pero el mundo entero está pidiendo democracia en Venezuela", ha dicho.
"Lo único que le queda es el miedo" y por ello ha llamado a los venezolanos a "ponerse de pie". "Y así lo haremos, convocamos a acciones de calle y esperamos que el pueblo nos acompañe", ha pedido el jefe parlamentario. "No podemos dejar de hacer un llamado a la Fuerza Armada", ha añadido. Para Borges "no puede seguir silente, no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución", por lo que ha hecho un llamamiento a los militares "para que sean los primeros guardianes de la democracia y se conviertan en parte de la solución".
El gobernador opositor Henrique Capriles pidió hoy en Bogotá que la OEA convoque "de emergencia" a su Consejo Permanente para que aborde la situación de su país, donde, dijo, el Tribunal Supremo dio un "golpe de Estado". "Hay que convocar de emergencia al Consejo Permanente para que la instancia de América sea la primera en pronunciarse", dijo Capriles durante una rueda de prensa en la que denunció que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro "está desconociendo lo que fue el voto de más de 14 millones de venezolanos".
El gobierno condena la arremetida internacional
El Gobierno de Nicolás Maduro ha condenado este jueves a última hora de la noche la "arremetida" de varios países "de la derecha intolerante y proimperialista dirigida" por Estados Unidos contra Caracas, y los ha acusado de tratar de "atentar contra el Estado de derecho" a través de "falsedades e ignominias".
"Estos Gobiernos no han procesado aún la derrota recibida hace apenas unas horas en la Organización de Estados Americanos (OEA) frente al plan injerencista contra Venezuela", ha criticado Caracas en un comunicado difundido horas después de la reacción internacional para denunciar la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) venezolano de asumir las competencias del Parlamento, controlado por la oposición desde diciembre de 2015.
Venezuela ha criticado la "histérica campaña" que se ha desatado contra su país "ante el fracaso de sus intenciones por inmiscuirse" en sus asuntos internos, en referencia a la sesión del consejo permanente de la OEA celebrada el martes para discutir el informe presentado el 14 de marzo por el secretario general, Luis Almagro, en el que asegura que se ha producido "una ruptura total del orden democrático" y que, por tanto, Venezuela debe ser sancionado con la suspensión como miembro del bloque.
En el comunicado, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades venezolanas han señalado que los países que detrás de esta campaña están "Gobiernos que practican la violación sistemática de derechos humanos, que reprimen violentamente a la disidencia política, que ejecutan golpes de Estado contra las mayorías electoras, que torturan y asesinan dirigentes populares y periodistas y que promueven el modelo neoliberal causante de miseria y pobreza".
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