Abengoa anunciará próximamente la contratación de proyectos de ingeniería y construcción (EPC) por un valor próximo a los 800 millones de euros. La compañía ha sido seleccionada para desarrollar estos contratos en los últimos meses, pero la situación preconcursal en que se halla desde el pasado 25 de noviembre ha impedido poder corroborarlos.
La compañía trabaja ahora a marchas forzadas para evitar el concurso, pero el acuerdo con los principales acreedores allana el camino hacia su salvación. Esto ha propiciado que el grupo andaluz haya sellado algún contrato ya, sin esperar a su salida definitiva del preconcurso.
Los proyectos que se encuentran en la pista de despegue se concentran en el segmento de ingeniería y construcción (EPC), uno de los nichos de negocio en que quiere centrarse la nueva Abengoa. Se trata de un puñado de contratos de tamaño moderado en redes eléctricas y agua, fundamentalmente, en regiones como Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos y Omán, entre otros), Latinoamérica (con Uruguay y Perú como punta de lanza) y África (Sudáfrica y los países del norte).
Si las negociaciones con el resto de acreedores llegan a buen puerto y consigue salvar el concurso, como prevén la compañía y los principales bancos y bonistas, estos contratos engordarán la cartera de negocio de Abengoa, por tanto, en 800 millones, con lo que se situará en 7.700 millones (en septiembre pasado alcanzaba los 8.800 millones y en diciembre 7.500 millones).
Con ello, la compañía sevillana conseguirá contrarrestar parcialmente la pérdida de contratos de los últimos meses. En concreto, desde que se declaró en preconcurso, Abengoa ha visto cancelados proyectos por un importe de 1.640 millones. Así ha ocurrido con una planta de biomasa en Gante (Bélgica), una instalación de tratamiento de agua en Colombia, la planta de cogeneración de energía de Salina Cruz, en México, o la de biomasa en el Puerto de Teeside, en Middlesbrough (Reino Unido).
De la cartera de 7.700 millones, el 28% se concentra en el negocio convencional, el 26% en solar y energías renovables, el 20% en líneas de transmisión, el 14% en agua, el 2% en plantas industriales y el 10% en otros negocios. Mientras, por áreas geográficas, el 28% de la cartera se sitúa en Norteamérica, el 26% en Latinoamérica, el 18% en Brasil, el 16% en Asia, el 7% en Europa y el 5% en África.
Plena confianza
El grupo andaluz proyecta una cartera de pedidos de 4.600 millones de euros en 2020, frente a los 2.000 millones de este año. En 2015, la empresa logró 3.800 millones en nuevos contratos. Del total previsto para 2020, 2.500 millones serán llave en mano, frente a los 1.500 millones de 2016, y los de tipo concesional se dispararán hasta 2.100 millones, más de cuatro veces por encima de los 500 millones del presente ejercicio.
El objetivo de Abengoa es que el margen de los proyectos alcance un nivel del 8,8%, de acuerdo con el plan de reestructuración presentado el miércoles y en contraste con la horquilla del 6,75-14% que reflejaba la propuesta elaborada por Álvarez & Marsal.
La ingeniería se halla sumida en estos momentos en una carrera contrarreloj para adherir a un 20% de los acreedores (del pasivo financiero) al plan pactado con el G-6 (Banco Santander, HSBC, Caixabank, Bankia, Popular y Crédit Agricole) y los principales bonistas, que representan el 40%, y alcanzar así el 60% antes del próximo 28 de marzo. A partir de ahí, el juez podrá conceder una prórroga para sumar el 75% necesario que establece la Ley Concursal.
El objetivo es lograrlo en abril, aunque el magistrado podrá ampliar el acuerdo de espera (stand-still) llegado el caso. En los cuarteles generales de Abengoa, donde esta Semana Santa tocará trabajar, están plenamente convencidos de que se obtendrá el apoyo del 60% del pasivo en los próximos días.
En el marco de las negociaciones, la compañía informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que solicita a sus acreedores financieros la adhesión a un contrato de espera o stand-still, por su denominación jurídica británica, por el que dejarán en suspenso el ejercicio de determinados derechos de resolución y vencimiento anticipado de dichas financiaciones durante un periodo de siete meses, tal y como adelantó el miércoles elEconomista.
Esto, en la práctica, supone un pacto de no agresión entre la empresa y los acreedores para que no ejecuten las garantías vinculadas en el caso de impago de las obligaciones de deuda.