TP Ferro, la sociedad que gestiona la línea de alta velocidad entre Figueres (España) y Perpignan (Francia), ha solicidato al juzgado Mercantil de Gerona una prórroga de un mes para tratar de negociar con los bancos y fondos acreedores la refinanciación de la deuda, que supera los 400 millones de euros, según señalan a elEconomista fuentes conocedoras del proceso.
El plazo para que la compañía, que está participada al 50% por ACS y la constructora francesa Eiffage, presentara al juez un convenio de acreedores estaba fijado para hoy, 16 de junio. Ayer, la empresa estaba a la espera de conocer la decisión del magistrado. En caso negativo, presentará una propuesta.
TP Ferro solicitó el concurso voluntario de acreedores el 17 de julio de 2015. El magistrado, que lo declaró el 2 de septiembre, estableció la junta de acreedores para el 15 de septiembre de 2016. De acuerdo con el calendario legal que contempla la Ley Concursal, las partes deben entregar un convenio 40 días hábiles antes de la celebración de la asamblea, lo que implica, en este caso, que la fecha sea el 16 de junio ((agosto no es hábil).
Si, como cabe esperar, el juzgado de Gerona admitiera ampliar el plazo en un mes -podría aceptar una prórroga menor-, la junta de acreedores se celebraría el 15 de octubre. De este modo, ACS y Eiffage tendrían hasta el 20 de julio para presentar un convenio. TP Ferro pretende así extender las negociaciones con los acreedores unas semanas más. No obstante, las fuentes consultadas señalan que, con posterioridad, podría solicitar una nueva prórroga, toda vez que la formación de un gobierno en España tras el 26-J, si llega el caso, no se espera hasta al menos el mes de septiembre. La imposibilidad de formar un Ejecutivo ha supuesto un obstáculo insalvable.
Quitas, plazos e inyecciones
Al fin y al cabo, el planteamiento que aún está sobre la mesa exige esfuerzos a las tres partes implicadas, pero ni el Gobierno galo ni el español han accedido a inyectar dinero público en la concesión. No en vano, hace unas semanas los fondos que adquirieron la deuda de TP Ferro a entidades como el Santander y Bank of America, con quitas próximas al 90% y entre los que figuran Avenue, BlueMountain y Neuberger Beman, se reunieron con el Gobierno de Francia, según explican fuentes conocedoras del encuentro, para tratar de acercar unas posiciones que siguen muy alejadas. La postura francesa, como la de España es, al menos de momento, inamovible.
"Con las elecciones de diciembre y ahora las de junio, y con las obligaciones de déficit público, un rescate de una infraestructura, propiedad además de Florentino Pérez -quien ya estuvo implicado en el caso del almacén de gas Castor-, es imposible", explican en el sector. En este escenario, "si no supera el concurso aún pasarían años hasta su liquidación", por lo que, "en ese tiempo todavía podría encontrarse una solución".
La propuesta de los bancos acreedores, entre los que sobresalen BBVA, ING, Bankia y Caixabank, y los fondos discurre porque todos ellos, que se reparten prácticamente al 50% los más de 400 millones de deuda, asuman quitas y amplíen los plazos de vencimiento. De igual modo, contempla que los Estados español y francés inyecten 140 millones y los accionistas, ACS y Eiffage, hagan lo propio con 50 millones. Estos 190 millones se destinarían a reducir deuda e invertir en el proyecto.
Por el momento, la línea, de 44,4 kilómetros, mantiene su operatividad. ACS y Eiffage, que han denunciado a los países por los atrasos iniciales en la construcción y por las erráticas previsiones de tráfico, han acometido en estos meses las inversiones necesarias para que así sea (suministros, seguridad, limpieza).
Si no hay un entendimiento, España y Francia se enfrentan a un coste de alrededor de 420 millones en virtud de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).
