Los principales bancos acreedores de Abengoa, agrupados en el denominado G-7, quieren evitar a toda costa tener que asumir una nueva inyección de liquidez en el grupo andaluz para pagar las nóminas y las facturas más apremiantes de enero.
Las necesidades se aproximan a 100 millones de euros en el primer mes del año. Por ello, su hoja de ruta pasa porque la ingeniería culmine alguna de las desinversiones que comprometió el pasado septiembre cuando acordó con las entidades una ampliación de capital por 600 millones. Según fuentes del mercado, "hay interés por algunos activos y lo que falta es que se pongan de acuerdo con el precio".
La situación de Abengoa, que el pasado 25 de noviembre declaró el preconcurso voluntario de acreedores, provoca que las ofertas que han llegado sean "claramente a la baja". El grupo que preside José Domínguez Abascal sabe que su posición es de debilidad, pero en ningún caso está dispuesto a tirar los precios. Los bancos acreedores, por su parte, presionan para conseguir cerrar alguna operación, pero al mismo tiempo apoyan que no se malvendan los activos. Al fin y al cabo, en un horizonte no muy lejano, las entidades pueden convertirse en los dueños de facto de la empresa.
En septiembre, en el marco del acuerdo para la ampliación de capital, Abengoa, que entonces lideraban Felipe Benjumea y Santiago Seage, aceptó vender activos por 1.200 millones. Este importe suponía cerca de la mitad del valor en libros de todos los activos que tenía en venta hasta septiembre, que ascendía a 2.189 millones. Entre las posibles ventas figuran dos plantas de cogeneración en Brasil, un ciclo combinado en Argelia, el Hospital de Manaus, en Brasil, las plantas desaladoras de Ghana, plantas solares en Sudáfrica, Abu Dhabi, Chile o Argelia, líneas de transmisión en Perú, una central de tratamiento de agua en Estados Unidos, un parque eólico en Uruguay, una planta de cogeneración y un ciclo combinado en México o varias instalaciones fotovoltaicas en España.
Ahora bien, si las desinversiones no llegan a buen puerto en las próximas tres semanas, o las que se cierren no suman un importe suficiente para hacer frente a las necesidades de liquidez inmediatas, el G-7, que integran Santander, HSBC, Caixabank, Bankia, Popular, Sabadell y Crédit Agricole, volverá a enfrentarse a la disyuntiva de inyectar liquidez en la compañía. En diciembre asumió un crédito de 106 millones, pero entonces las entidades prácticamente estaban obligadas para no precipitar el concurso de acreedores, lo que las habría forzado a provisionar toda su deuda y descuadrar los balances de 2015.
En el escenario actual, su posición es diferente y, por ello, ya han instado al resto de implicados a que, llegado el caso, participen en las aportaciones. Así, emergen como posibles financiadores el resto de acreedores -hay un total de 250 entidades e instituciones- y los bonistas. Según fuentes sectoriales, algunos bancos y los bonistas, que están asesorados por Houlihan Lokey y Clifford Chance, han mostrado su disposición a ayudar, aunque los términos son todavía inconcretos.
No en vano, cualquier decisión esperará hasta conocer el Plan de Viabilidad que Álvarez & Marsal entregará el 18 de enero. A partir de ahí, KPMG, el asesor financiero, lo cruzará con el mapa de deuda y definirá la estrategia para implementar la reestructuración de la ingeniería sevillana. Lo tendrá listo, previsiblemente, a finales de mes.
Por tanto, el G-7, que el viernes retomó los contactos, aguarda al Plan de Viabilidad y a que, a partir de ese momento, Abengoa pueda cerrar alguna venta. Si esto último no ocurre, negociará con el resto de entidades y con los bonistas. Si no hay entendimiento, la penúltima opción que baraja es soportar una nueva aportación. La última es el concurso, pero en ningún caso se desencadenará en enero, según fuentes financieras.