"Soy el principal interesado en que busquemos y alcancemos acuerdos. Estoy dispuesto a corregir todo lo que merezca corrección, a mejorar todo lo que sea mejorable y a ceder en todo lo que sea razonable". Estas palabras son parte del discurso de Mariano Rajoy minutos antes de ser investido presidente del Gobierno por segunda vez en su vida tras perder otras tres votaciones. Días incluso se atrevió a indicar cuáles eran esas correcciones que estaba dispuesto a conceder a cambio de ser investido presidente: un pacto por la educación, una reforma de la financiación autonómica y la apertura de las negociaciones en el Pacto de Toledo. Es decir, estaba dispuesto a revisar tres pilares del modelo actual: el educativo, el territorial y el de pensiones. O, al menos, eso decía.
Pero un año después de su investidura, los hechos muestran que este talante reformista duró poco. El Pacto por la Educación se limitó a suspender la reválida para entrar en la Universidad a la espera de un nuevo acuerdo del que todavía no hay noticias. De hecho, se da casi por seguro que este curso también terminará con la Selectividad. Por ahora, el Pacto por la Educación ni está ni se le espera.
El pacto territorial llegó un poco más lejos. El Gobierno llegó a formar un Comité de Expertos para la reforma de la financiación autonómica con representantes de todas las comunidades. El comité estuvo casi seis meses trabajando y realizó una propuesta de reforma, pero justo después parece que cayó en vía muerta. Desde entonces, la crisis con Cataluña parece haber paralizado cualquier plan de reforma. Tres meses después del informe, el Ejecutivo parece dispuesto a reabrir el debate.
El PNV se impacienta
Incluso lo que sí ha firmado ya el Gobierno, las nuevas cifras del cupo vasco, parecen haber caído en el olvido. El acuerdo entre el Ejecutivo central y vasco aún no ha sido llevado al Congreso de los Diputados para ser refrendado, algo que parece estar poniendo nervioso al PNV.
La semana pasada el Gobierno se comprometió con el PSOE a abrir una comisión para estudiar una posible reforma constitucional del modelo territorial, que comenzará a debatirse a principios del año que viene.
Un préstamo de 10.000 millones a la Seguridad Social
En cuanto a las pensiones, la Comisión del Pacto de Toledo ha recibido, como es habitual, a decenas de expertos para hablar de la financiación de las pensiones, pero sin llegar a ningún tipo de conclusión ni proponer medida alguna. De hecho, la Seguridad Social cerró el pasado año con el mayor déficit de su historia y este año podía acabar con los recursos que quedaban en la hucha de las pensiones. Para evitarlo, el Gobierno dio luz verde a la concesión de un préstamo de 10.000 millones de euros, de los que 6.000 ya se utilizaron para la paga extra de verano.
Al no haberse previsto ninguna reforma más, el sistema podría necesitar otros 13.000 millones de euros para poder pagar las pensiones, aunque la falta de presupuestos de 2018 complica cualquier tipo de decisión. En cualquier caso, la reforma del Pacto de Toledo prometida por Rajoy antes de su investidura también brilla por su ausencia.
Cerró la Oficina para reformar las AAPP
No sólo no ha puesto en marcha las reformas prometidas, sino que tampoco ha continuado la labor comenzada en la legislatura anterior. Una de sus medidas estrella de sus primeros cuatro años de Gobierno fue la reforma de las Administraciones Públicas. La Oficina para la Reforma de las AAPP (Opera) fue la encargada de señalar duplicidades, aconsejar cierres de empresas y reducir las instituciones satélites de todas las administraciones. Sorprendentemente, esta oficina echaba el cierre en noviembre de 2016, coincidiendo con la nueva estructura del Ministerio de Hacienda, después de presumir de haber ahorrado casi 35.000 millones.
Visto el cierre de la Opera, bien podría decirse que el Gobierno cree que la estructura actual de la administración es correcta y no necesita retoques. Como tampoco el sistema fiscal, sobre el que Montoro pidió ayuda a un grupo de expertos presididos por Manuel Lagares para terminar haciendo mínimos retoques en IRPF y Sociedades, olvidando su promesa de revisar en profundidad el sistema impositivo.
Ni siquiera, las reformas "urgentes" anunciadas durante el primer año de mandato se han llevado a cabo: en enero, cuando el precio de la luz se situaba en niveles récord, se comprometió a modificar la regulación para evitar estos picos. Una vez pasada la crisis eléctrica, esta reforma ha caído en el olvido.
Hasta la reforma de la estiba, exigida bajo amenaza de multa por Bruselas, ha tenido que esperar. Primero, a que el Gobierno dejara de estar en funciones, luego a que hiciera una propuesta de reforma y, finalmente, a que consiguiera apoyos suficientes para sacarla adelante.
Sólo 20 iniciativas legislativas
Si el año I de Rajoy (2012) estuvo marcado por la reforma laboral y la ley de Estabilidad Presupuestaria; el II (2013), por la reforma de pensiones; el III (2014), por la reforma de las AAPP; y el IV (2015), por los cambios fiscales; el quinto (2016) estuvo marcado por el Gobierno en funciones. Y el VI, este 2017, se está caracterizando por una escasa actividad reformista. Por ejemplo, en el año I de Rajoy se aprobaron 44 iniciativas en el Congreso de los Diputados (entre leyes orgánicas, leyes, decretos-leyes y decretos legislativos), en este año VI no llega a la mitad, ya que se han aprobado 20.
Bien parece que a la hora de reformar, la presión de Bruselas era más efectiva que la que puedan ejercer tanto Ciudadanos como PSOE, Coalición Canaria o PNV, los partidos con los que hasta ahora el Gobierno ha tenido más afinidad a la hora de aprobar nuevas normas.
Hasta ahora, Ciudadanos apenas ha arrancado al Ejecutivo la extensión de los permisos de paternidad, una rebaja del IRPF y la promesa de poner en marcha el complemento salarial. El PNV ha logrado revisar el cupo, pero aún sin conseguir el refrendo del Congreso de los Diputados, mientras que Coalición Canaria y Nueva Canarias lograron nuevas inversiones para Canarias y más descuentos para los vuelos entre islas.