La Comisión Europea ha aplazado hasta principios de julio la decisión que debe tomar para certificar o no la "falta de acción efectiva" de España para cumplir con el objetivo de déficit de 2015, que iniciaría el proceso para imponer una multa a España del 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros.
Además, el Ejecutivo comunitario ha propuesto otorgar a España un año más, hasta 2017, para cumplir con la meta de reducir el desfase presupuestario por debajo del 3%. Así, deberá reducir el déficit en las cuentas públicas hasta el 2,5% al cierre del año que viene.
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha explicado que "no es el momento adecuado ni económica ni políticamente". "Ha habido mucha especulación sobre si en esta fase íbamos a proponer un paso más en el procedimiento de déficit excesivo para ambos países (...). Hemos concluido que no es el momento adecuado ni política ni económicamente para dar este paso", ha señalado.
De esta forma, el proceso que desencadenaría en una sanción se iniciaría después de las elecciones generales. España cerró 2015 con un déficit de las administraciones públicas del 5% del PIB, ocho décimas por encima del compromiso con Bruselas, que era del 4,2%.
Ajustes de más de 8.100 millones
Con todo y a pesar de que la posible sanción se retrase, la CE pide a España que ponga en marcha ya los ajustes necesarios para cuadrar las cuentas públicas. En este sentido, Bruselas pide que se tomen las "medidas estructurales necesarias" y reclama un esfuerzo estructural del 0,75% del PIB, más de 8.100 millones de euros, en dos años (del 0,25% en 2016 y del 0,50%).
Para alcanzar estas cifras, España deberá "implementar en todos los niveles gubernamentales los instrumentos establecidos en el marco fiscal", como la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Igualmente, la CE ve necesario que España "mejore los mecanismos de control para la contratación pública y la coordinación de las políticas de contratación pública en todos los niveles gubernamentales".
En cuanto al empleo, Bruselas pide al país que tome medidas para mejorar la integración del mercado laboral al centrarse en el apoyo individualizado y reforzar la eficacia de las medidas de formación.
Mejorar la capacidad de los servicios regionales
El Ejecutivo comunitario considera además que España debe mejorar la capacidad de los servicios regionales de empleo y la coordinación de éstos con los servicios sociales, y hacer frente a las brechas y disparidades en los sistemas de renta mínima y mejorar los esquemas de apoyo a familias.
La CE quiere asimismo que España actúe más para mejorar la relevancia de la educación superior en el marcado laboral, al ofrecer incentivos para la cooperación entre universidades, empresas y centros de investigación.
También recomienda aumentar la financiación basada en el rendimiento de entes públicas de investigación y universidades y fomentar la inversión en investigación e innovación por parte del sector privado.