La parte más significativa de la lista de reformas que Atenas ha presentado a la UE es el plan de privatizaciones, por un valor de 1.500 millones, un objetivo reducido en comparación con la meta inicial de 2.200 millones. Las propiedades que prevé privatizar incluyen tanto el Puerto de El Pireo como los 14 aeropuertos regionales, dos propuestas que se congelaron al acceder al poder Alexis Tsipras, tal como declaró el ministro de Reestructuración Administrativa, Panayotis Lafazanis, adversario enfervorecido de las privatizaciones.
Las medidas incluidas en la lista vienen acompañanadas de su presupuesto, y suman un valor total de 3.700 millones. En esta cantidad se incluyen unos 725 millones de los controles que el Gobierno pretende imponer en los depósitos de ciudadanos griegos en el extranjero (no como multa, sino mediante tributación normal a través de una declaración de renta complementaria).
Otros 350 millones por la lucha contra el fraude del IVA (fenómeno común en las islas más turísticas), otros 350 millones de las licencias de frecuencias televisivas (tema pendiente desde 1992), 600 millones de la nueva configuración de las deudas con la Hacienda y los fondos de pensiones públicos, y 250 millones de la lucha contra el contrabando de combustible y tabaco.
Reintenta el canje de deuda
En los ingresos netos de 3.700 millones que calcula el Gobierno griego, se tienen en cuenta también ciertas medidas de efecto negativo en las cuentas, como el aplazamiento de la cláusula de déficit cero sobre las pensiones complementarias (326 millones) y también la recuperación de una paga extra en las pensiones que están por debajo del umbral de la pobreza (600 millones).
En la lista de Atenas para el llamado 'Grupo de Bruselas' reaparece la idea de la reestructuración de parte de la deuda griega mediante bonos que incluirán una cláusula de crecimiento de la economía griega, que se actualizarán en función del avance del PIB nominal del país. Por último, el Gobierno señala que presentará ocho proyectos de ley para introducir reformas estructurales. Entre ellas, el fin de las jubilaciones anticipadas, que amenazan la sostenibilidad del sistema de pensiones, y la eliminación de las exenciones de impuestos. Los acreedores llevan pidiendo ambas medidas a Grecia desde hace cuatro años.
La lista completa se debatió ayer por la tarde en el Parlamento heleno, en un debate extraordinario convocado por el primer ministro Alexis Tsipras, quien ha de navegar en el estrecho cauce entre las demandas de sus acreedores internacionales para que concrete los detalles de las reformas profundas que le piden y la presión de los miembros más radicales de su partido, guardianes de las esencias de Syriza y de las promesas del líder griego a sus votantes.
El principal acreedor de Grecia, Alemania, declaró que no prestará más ayuda financiera a Atenas hasta que tenga una lista más detallada de reformas y que algunas sean convertidas en ley, mientras que Tsipras asegura que "no dará marcha atrás" a unas propuestas que necesita la sociedad y la economía y que han sido formuladas exclusivamente por Grecia. Por su parte,
Tras mes y medio de equilibrios lingüísticos para intentar aunar lo imposible, a Tsipras se le ha acabado el tiempo. El 9 de abril, debe pagar 450 millones al FMI, para lo que Atenas ya ha dicho que necesita el dinero del programa de rescate. Con el paréntesis de Pascua, que incluso afectará durante más tiempo el trabajo en Grecia por la celebración ortodoxa, los enviados de Atenas y los representantes de la Comisión, el BCE y el FMI esperaban haber dejado ayer casi finalizado el paquete de reformas solicitado al Ejecutivo heleno. Sólo así el Eurogrupo autorizaría un adelanto de al menos parte de los 7.200 millones que quedan en el paquete de rescate.
Medidas "vagas"
Sin embargo, la reunión mantenida ayer en Bruselas entre ambas partes trajo poco progreso, al considerarse todavía vaga la lista de medidas propuesta por Atenas. Aunque la jerarquía europea aceptó respetar la autoría griega de las reformas, los acreedores, sobre todo el FMI, desconfían de los vericuetos que propone Syriza para evitar las medidas más explosivas, como el alza del IVA a los hoteles, la reforma laboral para facilitar despidos colectivos y ajustes en pensiones.
Aunque las instituciones comunitarias y el FMI perciben cierto progreso, la distancia entre ambos lados es aún considerable, lo que aleja la posibilidad de convocar a los ministros de Finanzas del euro esta semana. La aprobación del Eurogrupo se podría posponer hasta casi la víspera del 9 de abril, una vez concluya el paréntesis vacacional.
A pesar del riesgo creciente de una quiebra en Grecia, la canciller alemana, Angela Merkel, insistió ayer en su compromiso por mantener al país en el euro.
Tras cinco años de rescate, nadie sabe cuánto durará la batalla por mantener a la zona cero de la crisis del euro en el seno de la moneda común.
