La reforma laboral ha encontrado su particular 'prueba del algodón' en los profesores, que siguen sufriendo una de las peores caras de la estacionalidad del mercado laboral español. Entre mayo y agosto, la educación perdió 221.834 afiliados medios, un 19,71%. La norma pretendía acabar con la práctica de rescindir los contratos de estos profesionales para no pagarles el sueldo durante las vacaciones. Pero los empleadores han encontrado una alternativa para seguir haciéndolo en los fijos discontinuos. Ello a pese a que la justicia rechaza que dicha modalidad contractual se aplique a esta actividad, el Gobierno la persigue como un fraude laboral y la patronal y los sindicatos la han vetado en su convenio colectivo.
Aun así, las bajas de afiliación de fijos discontinuos ya explican el 61% de la caída del empleo en la educación en estos tres meses y ya ocupan el nicho dejado por los temporales.
El desplome estival del empleo de los profesores es el segunda más alta de la serie histórica, después de la registrada en el verano de 2022, y se sitúa incluso por encima de 2018 y 2019. Aunque hace un año la evolución se explicaba por el fuerte descenso del empleo eventual tras la desaparición de los contratos temporales por obra y servicio y el auge de la contratación indefinida, que incluso desafió la destrucción estival del empleo y repuntó un leve 3%.
El Gobierno interpretaba que estos datos respondían a que las empresas aún estaban asimilando la reforma laboral y auguraban que muchos de estos profesionales eventuales, cuyos contratos habían finalizado, volverían a ser contratados en septiembre, pero ahora de manera indefinida, lo cual reduciría la volatilidad veraniega del empleo en el sector. Pero un año después, esta previsión no se ha cumplido. La razón es que muchos profesores fueron contratados como indefinidos, sí, pero fijos discontinuos.
Para entender lo que ha ocurrido, hay que analizar cómo ha cambiado el empleo en la educación en el último año. Pese al descenso estival, en agosto había más profesores afiliados que hace un año: 902.429, un incremento del 5,6%. Aquí sí se percibe el impacto positivo de la reforma laboral: los asalariados con contratos temporales caen a un ritmo interanual del 5,35%, mientras que los que tienen un indefinido ordinario (a tiempo parcial o completo) suben un 9,25%.
La volatilidad se desplaza
El hecho de que haya más afiliados también relativiza la caída estival del empleo. La pérdida de 222.000 afiliados equivale al 19,71% de los que había en mayo, cuando hace un año fue del 21,17%. Se sitúa también por debajo de los niveles registrados entre 2014 y 20219, cuando superó el 23%, aunque supera los de hace una década, cuando estaban por debajo del 18%.
Una evolución que confirma que, a diferencia de lo ocurrido tras la Gran Recesión, la recuperación del empleo tras la pandemia no se basa en la temporalidad. Pero incluso analizando las cifras de esta forma, quedan muy por debajo de lo prometido por el Gobierno.
Y es que estos buenos datos tienen un reverso que no lo es tanto: los fijos discontinuos crecen el doble que los indefinidos ordinarios y se disparan un 20%. Y lo hacen porque su diseño permite replicar lo que antes se hacía con los temporales, cuyos contratos caducaban en junio o julio para volver a firmarse en septiembre u octubre. De hecho, es aún más fácil.
La clave es el denominado "pase a la inactividad", que supone que la relación laboral se interrumpe por semana o incluso meses. En ese tiempo, el trabajador no percibe sueldo y no cotiza, ya que se le da de baja a la afiliación, aunque como el contrato no se rescinde, no cuenta como parado.
Además, el coste para la empresa es más bajo, ya que no hay que pagarles una indemnización equivalente a 12 días por año trabajado como la que existe a la finalización de un contrato temporal (que no hay que confundir con un despido antes de que expire la duración de contrato, en cuyo caso el coste oscilaría entre los 20 y los 33 días de salario por año, igual que los indefinidos. Aunque entre los temporales este escenario es menos frecuente).
En teoría, las condiciones son mejores para el fijo discontinuo, ya que tiene más garantías de reincorporación (si no se efectúa el llamamiento puede considerarse un despido, lo que sí obligaría a abonar una indemnización). Pero en esos tres meses muchos profesionales solo tiene la alternativa de buscar otro empleo o inscribirse como demandantes de empleo y solicitar una prestación, aunque no pase a engrosar las estadísticas del paro registrado. De hecho, el 51% de los demandantes de empleo del sector educativo no son parados, el porcentaje más alto después del sector agrario y la hostelería
Con la reforma laboral, los fijos discontinuos se han convertido en los afiliados más volátiles, más incluso que los interinos del sector público, que siguen siendo objeto de crítica entre los sindicatos y desde el propio Ministerio de Trabajo, ya que en ese ámbito no se aplica la reforma laboral. Pero pese al lastre que supone este 'doble rasero' laboral, no se puede decir que sean la causa de que la rotación se mantenga, atendiendo a los datos de Seguridad Social.
Precisamente aquellos asalariados que no definen su contrato (una categoría en la que entran este tipo de funcionarios), pero su destrucción de empleo entre mayo y agosto es del 10%, por debajo de la que registran los temporales (un 19,35%). Por su parte, los indefinidos fijos discontinuos han caído un 88%, pasando de 153.240 en mayo a solo 18.099 en agosto. Es decir, han perdido 9 de cada 10 asalariados.
Un problema anunciado
Pese a lo abultado del desplome, no se puede decir que sea una sorpresa para el Gobierno. De hecho, la caída de la afiliación fija discontinua (expresada en términos porcentuales) es similar a la de otros años, si bien entonces el número total de asalariados con este contrato mucho menor. Así, las bajas de fijos discontinuos solo suponían el 24% del total en la media de años previos a la reforma.
Por el contrario, el retroceso de los temporales se ha moderado del 39% al 19,3%, algo que se explica por la desaparición de los contratos por obra y servicio, que permitían mayor arbitrariedad a los centros a la hora de finalizar los contratos en verano. Como consecuencia, si antes de la reforma eran el 65% de las bajas, ahora solo llegan al 24%. Es decir, los papeles prácticamente se han invertido.
Lo previsible es que tal y como ocurrió el pasado año, en los próximos meses su número vaya recuperándose hasta que en mayo de 2024 se repita de nuevo el ciclo. Un efecto indeseado para el Gobierno.
Ante la previsión de que los empleadores aprovecharan el resquicio de los fijos discontinuos, el Ejecutivo ha endurecido el papel de la inspección y la persecución en el fraude de este tipo de contratos. No les faltan argumentos, ya que existe una clara jurisprudencia por parte de la Audiencia Nacional que certifica que esta modalidad contractual no se puede utilizar en la educación. La Justicia considera que el uso de este tipo de contrato es abusivo si se recurre a él como un subterfugio para no abonar las vacaciones de un trabajador, por mucho que esos meses no sean un periodo lectivo.
De hecho, incluso los convenios entre patronal y sindicatos han acordado proscribir la práctica de los fijos discontinuos, pero los datos apuntan a que no se está siguiendo la directriz. En este sentido, los representantes de los trabajadores que han alzado su voz para denunciar la precariedad del empleo de los profesores, tanto en el sector privado como en el público han pasado de puntillas sobre el peso de los fijos discontinuos en esta evolución.
