
El presidente de la patronal andaluza, el secretario general y uno de los vicepresidentes han sido llamados a declarar como imputados el próximo mes de marzo, según Diario de Sevilla.
Santiago Herrero, presidente de la CEA, Antonio Carrillo, secretario general, y Juan Salas, vicepresidente, han sido imputados por la titular del juzgado número 3 de Sevilla, Patricia Fernández dentro de la instrucción de una demanda penal por estafa presentada contra ellos en su calidad de patronos de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE). Esta fundación actúa desde 2005 como promotora de tres bloques de VPO en Sevilla que aun no han sido terminadas y donde el banco malo (Sareb), que gestiona el crédito promotor de 50 millones que concedió Bankia, ha hallado un desfase de entre 12 y 14 millones de euros. Este desfase ha sido denunciado por Sareb, en paralelo a esa demanda, ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
A ellos se añaden otro 9 millones adelantados por los compradores que también han desaparecido, y otros 10 millones por la operación de compraventa de suelo que la citada juez investiga pues los denunciantes sospechan que se trató de una venta simulada.
Junto a la cúpula de la CEA, la juez también acepta la petición de los denunciantes -un puñado de pymes que no cobraron en torno a 600.000 euros de la promotora tras realizar trabajos en esas VPO- de imputar a la cúpula de la constructora y comercializadora de las viviendas, la quebrada Dolmen. Inculpa por ello a su expresidente, José Manuel Sanz, su exdirector general, Antonio González, y otros tres exdirectivos.
Santiago Herrero anunció la semana pasada su intención de no presentarse a la reelección como presidente de la CEA por este caso -y por la delicadísima situación económica de la patronal tras su gestión, que acumula pérdidas de 14 millones entre 2010 y 2012- en la asamblea convocada para el 23 de enero. Su sucesor será el actual presidente de los empresarios malagueños, Javier González Lara.