El convenio firmado en 2005 entre el ayuntamiento de Sevilla, UGT, CCOO y la patronal recogía la cesión gratuita de los terrenos públicos a los promotores. La magistrada ha pedido el contrato de compraventa a un notario de la capital.
También ha solicitado al consistorio el convenio original firmado con los agentes sociales para confirmar que se entregó sin coste a los promotores. En este caso, el promotor es la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE), creada por la CEA y cuyo patronato está integrado por la cúpula de la patronal andaluza (la preside Antonio Carrillo, el secretario general de CEA, y son patronos Santiago Herrero, presidente de CEA, y Antonio Ponce, presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía y de la patronal onubense FOE).
Estas peticiones de información por parte de la juez se enmarcan en la demanda penal por estafa presentada contra Herrero, Carrillo, José Manuel Sanz (presidente de Dolmen, la empresa constructora y comercializadora de las 583 VPO previstas) y otros directivos de la patronal y de esa empresa por un grupo de subcontratistas. Los indicios recabados por las abogadas de este grupo de empresarios han llevado a la juez ha pedir esos documentos.
Las sospechas de estos demandantes son que esa compraventa fue simulada y que la FDSE se habría quedado íntegramente con los 10 millones de euros del suelo. Monto que habría sido financiado por Bankia en 2007, según la información facilitada hace unos días por el banco malo (Sareb), que heredó el crédito promotor de 50 millones concedido por Bankia a la FDSE para construir las viviendas.
La estimación de la Sareb es que entre el dinero gastado -esos 50 millones- y el valor de las obras llevadas a cabo -38 millones, según tasadores independientes- hay un agujero de 12 millones. A él se suma el dinero no recuperado por los compradores, lo que elevaría el potencial fraude al menos a unos 21 millones.
Nuevo frente penal
Por su parte, José María Ruiz, presidente de la asociación de compradores afectados por la no terminación de la promoción, ha explicado en un encuentro con la prensa en Sevilla que en el año 2006, un alto cargo de la gerencia de Urbanismo de Sevilla le trasladó "verbalmente" que efectivamente el suelo se entregaba sin coste a los promotores. Las cuentas de la FDSE, que estos compradores han recabado del registro de fundaciones de la Junta de Andalucía, recogen ya en el año 2008 -los terrenos se habrían cedido o adquirido en 2007- en el epígrafe existencias un suelo valorado en 10 millones de euros.
Estos compradores, además, han detallado que presentaron en julio pasado una segunda querella (tras ver archivada la primera en 2011) por estos hechos -la no conclusión de la promoción y las sospechas de graves irregularidades en la gestión que la FDSE y Dolmen hicieron del proyecto-. Está pendiente de ser admitida a trámite aún. Se suma a la ya citada presentada por estafa por los subcontratistas -que reclaman 600.000 euros- y a la auditoría del proyecto que la Sareb ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Delitos Económicos. Presumiblemente el fiscal dará traslado al juez y será el juzgado número 3 quien aglutine todas las demandas por este caso.
Los compradores han sufrido un perjuicio de mucha mayor cuantía que el de los subcontratistas, ya que el dinero adelantado a los promotores para la construcción de las VPO ha desaparecido. Según el relato de José María Ruiz, se depositaron inicialmente entre 6 y 7 millones de euros, correspondientes a los 12.500 euros que la inmensa mayoría de los compradores realizaron a la firma del contrato de compraventa.
Ese dinero se ingresó en cuentas de BBVA, pero pagos posteriores (correspondientes a 20 mensualidades acordadas en el contrato) se hicieron en otras cuentas de Bankia. En total, entre 10 y 11 millones de euros de los compradores. Ni en uno ni en otro banco queda ni un euro y las entidades han denegado información sobre los mismos a los afectados amparándose en la Ley de Protección de Datos, según Ruiz.
Las cantidades aseguradas por una compañía de Gibraltar representada en España por la firma sevillana Morera&Vallejo, sólo han podido ser recuperadas hasta ahora por 4 de los 100 compradores que han solicitado que se les devuelva el dinero adelantado, según el presidente de esta asociación de afectados. Morera&Vallejo, consultada en dos ocasiones por este diario en los últimos días, no ha precisado aún el número de solicitudes de reintegro recibidas, las cantidades aseguradas ni a cuál de las dos entidades (o a las dos) cubría su seguro. Y, tampoco, por qué se deniegan las peticiones de devolución en un porcentaje tan alto.
Un juez de Sevilla admite una denuncia por estafa por las VPO de la CEA
