Juan Rosell, presidente de la CEOE, exigió en varias ocasiones en las últimas semanas a su homólogo andaluz, Santiago Herrero, presidente de la CEA, que abandonara el cargo a raíz de las graves irregularidades halladas en una promoción de VPO liderada por la patronal regional en Sevilla. Esta presión, unida a la negativa de la banca a financiar a la CEA mientras la actual cúpula siguiera en sus cargos, han sido determinantes para la salida de Herrero. La CEOE ha eludido pronunciarse oficialmente sobre este asuntos en los últimos días.
No obstante, este diario ha podido saber que el intercambio de argumentos entre Santiago Herrero y Juan Rosell ha sido áspero. Rosell, que ha aprobado un Código Ético en la CEOE que prevé que todo dirigente de la patronal incurso en una investigación penal debe poner su cargo a disposición de la organización, no quiere revivir casos tan graves como el que obligó a la dimisión de su antecesor, Gerardo Díaz Ferrán. Este está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por diferentes casos ligados a su gestión de Marsans, Seguros Mercurio y Aerolíneas Argentinas.
Arturo Fernández
Rosell esgrimió ante Herrero, según fuentes cercanas a la patronal estatal, este código ético para conminarle a apartarse del cargo. Pero el dirigente andaluz respondió que, en ese caso, no sólo debería de dimitir él, sino también el presidente de la patronal madrileña CEIM, y también vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández. Hacienda embarga los pagos de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández.
Desde el círculo de Rosell se respondió a este intento de chantaje señalando que el código ético entró en vigor el pasado 1 de septiembre, antes de que las irregularidades halladas en la gestión laboral de algunas empresas de Fernández -pagos en negro a algunos empleados- fueran descubiertas. Y que éstas ya habían sido subsanadas ante Hacienda y la Seguridad Social.
Por contra, señalaron desde la CEOE, la instrucción judicial abierta por una juez de Sevilla se está desarrollando con ese código ya en vigor, por lo que Herrero queda plenamente afectado por él.
Sin embargo, ayer mismo se conoció que la Agencia Tributaria ha remitido a la Asamblea de Madrid una notificación de embargo sobre los pagos que este parlamento regional vaya a hacer a una de las empresas de Fernández, Grupo Cantoblanco Colectividades, que adeuda 1,4 millones a Hacienda. Sin embargo, esta empresa ya no presta los servicios de menú en la Asamblea madrileña, sino que desde julio pasado es otra filial del grupo de Fernández, Grupo Cantoblanco Restauración, la que es adjudicataria de este servicio.
Precisamente ayer, según informó la Ser, el presidente de la CEA se vio obligado a dar explicaciones a la ejecutiva de la CEOE sobre la situación de la promoción de viviendas a petición expresa del presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Joaquín Gay. El día anterior, martes, Herrero ya tuvo que ofrecer esas explicaciones ante algunos miembros de la cúpula de la patronal nacional. Herrero argumentó, sorprendentemente, que no existe ningún procedimiento penal abierto contra la cúpula de la CEA: él mismo, Antonio Carrillo, el secretario general, y Juan Salas, uno de los vicepresidentes.
Sin embargo, una juez de Sevilla instruye desde hace meses una denuncia penal por estafa contra esos tres directivos, así como otros de la constructora encargada de las obras de las VPO -la sevillana Dolmen, luego reconvertida en la firma Nazarí-, presentada por un grupo de subcontratistas a los que se adeudan 600.000 euros.
Escándalo en la patronal andaluza
