
La Comunidad de Madrid es una de las regiones más laxas a la hora de regularizar los apartamentos de alquiler de uso vacacional frente a autonomías como Cataluña o Castilla y León que han incluido sanciones para los propietarios de las viviendas ilegales. Actualmente, la región de Madrid cuenta con unas 22.000 viviendas destinadas a alquiler turístico, de las que sólo 1.900 están inscritas en el registro de la Comunidad de Madrid, según confirma a elEconomista Mar de Miguel, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Es decir, más del 90% de este tipo de pisos son clandestinos de cara a la Administración, y sigue aumentando. Concretamente, hasta un cien por cien en el último año.
"Actualmente existe un decreto en la Comunidad de Madrid aprobado en 2014 que exige a estas viviendas que los inquilinos estén un mínimo de días concretos, pero no tenemos una regulación eficaz", explica De Miguel. "Pedimos que se modifique el decreto y que tengamos una normativa que regule el fenómeno, respete el destino y garantice la seguridad, accesibilidad e información de los clientes, tal y como se exige al resto de establecimientos de ámbito turístico".
Dinero sumergido
La secretaria general de la AEHM recuerda que los hoteleros madrileños deben adaptarse al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, pero además pagar impuestos. El fraude fiscal que cometen los propietarios de los alojamientos de alquiler clandestinos asciende a 800 millones de euros al año, según el último informe de Exceltur. "Al no estar regulada la oferta de manera eficaz, desborda los destinos. Es lo que está pasando en las grandes ciudades como Nueva York, Londres, Berlín o París", lamenta Mar de Miguel. El fenómeno no sólo afecta a las compañías hoteleras, sino a los propios ciudadanos. Según De Miguel, la llegada masiva de turistas gentrifica el centro y, por tanto, expulsa a los vecinos de sus barrios desnaturalizando la esencia de la zona y convirtiéndola en un parque temático.
Pero hay un segundo factor que influye también en el bolsillo de los madrileños: "Hay barrios que se están saturando y eso tiene un efecto en el precio de los alquileres, que ya ha subido entre un 15 y 20% a lo largo del último año. La gente ya no puede pagar esa renta y se está marchando". "Si Madrid se vacía, pierde su autenticidad. Ya no vamos a poder ver al madrileño desayunando, haciendo la compra o tomando unas cañas con los amigos", adelanta.
Los hoteleros de la región trasladaron este verano al Gobierno de Cristina Cifuentes un documento con propuestas para ordenar el sector que, entre otras medidas, exige un régimen sancionador para las viviendas no reguladas y pide la garantía de los derechos de los turistas. Además han solicitado al Ayuntamiento de Madrid la puesta en marcha de un Observatorio de gentrificación, como ya existe en Palma de Mallorca, para controlar el número de personas que copan los barrios céntricos de la ciudad. "Suponemos que las diferentes administraciones están estudiando nuestras propuestas, pero la verdad es que aún no hemos visto respuestas", indica De Miguel, quien confía en que los Gobiernos no esperen a que surja un problema de turismofobia para actuar.