Los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22% con respecto a 2010, según los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La región mas afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes.
Solo en el cuarto trimestre se alcanzaron los 2.124 concursos, cifra muy cercana al máximo histórico de 2.168 del segundo trimestre de 2009. Por el contrario, tanto las reclamaciones de cantidad como las ejecuciones hipotecarias experimentaron reducciones de un 4,5 y un 6,3 por ciento respectivamente.
Estas cifras revelan el impacto que la crisis económica y el desempleo ha tenido en la pérdida de viviendas, bien porque el inquilino no paga el alquiler o porque el propietario no es capaz de abonar su hipoteca al banco.
Para suavizar esta situación, el Gobierno de Mariano Rajoy ha lanzado un decreto ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, convalidado ayer con los votos del PP, PNV y CIU. Esta normativa incluye un Código de Buenas Prácticas hipotecarias al que ya se han adherido voluntariamente el 95% de las entidades financieras de este país con el que se pretende aminorar la escalada de impagos y ejecuciones hipotecarias.
Sin embargo, el decreto ley ha sido recibido con críticas de diversos sectores. Tanto desde las filas del PSOE, que votó en contra de la norma, como desde distintas plataformas de afectados y consumidores han señalado que con esta iniciativa se deja fuera a muchas familias con dificultades.
En este sentido, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que "lo que se pretende evitar es que las familias tengan que entregar su vivienda". En su opinión, la dación en pago debe ser la última opción ya que "podría llevar, en última instancia, a que se reduzca a futuro la concesión de créditos".
De Guindos rechaza generalizar la dación
