El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha alertado este jueves de que una generalización de la dación en pago (saldar la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda) "podría llevar, en última instancia, a que se reduzca a futuro la concesión de créditos".
Así lo ha indicado en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde ha defendido el real decreto ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que permitirá a las familias sin recursos optar a la dación en pago.
"Entendemos el hecho de que una familia obligada a entregar el único activo que tiene disponible es una situación traumática y frustrante", ha precisado el ministro, quien además ha indicado que en el debate sobre si la dación en pago es la "solución mágica de los desahucios" hay que tener presentes varias cosas.
En este sentido, ha apuntado que con esta norma "lo que se pretende evitar es que las familias tengan que entregar su vivienda", y ha recordado que la dación en pago debe ser la última opción. Además, el ministro ha subrayado que "la generalización de este medio libratorio puede suponer una merma del sistema de garantías de nuestro ordenamiento y podría llevar, en última instancia, a que se reduzca a futuro la concesión de créditos".
Hace más de un año, la entonces secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, alertó de los peligros de generalizar la dación en pago. En su opinión, tendría como consecuencia que "el banco no quiera dar más de la mitad del valor de la vivienda, que tenga un plazo más corto y que suban los tipos de interés".
El PSOE, en contra
La cámara baja ha convalidado, con los votos del PP, PNV y CIU, el decreto ley que trata de atenuar los problemas de desahucios e impagos hipotecarios, aunque con críticas por el temor a que se deje fuera a muchas familias con dificultades.
En concreto, la normativa ha salido adelante con 201 votos a favor y 109 en contra. Votaron "no" a esta medida el PSOE y UPyD.
El grupo socialista considera que la iniciativa es "humo" y sólo incidirá sobre un 4% de los posibles afectados. UPyD tampoco va a respaldar el decreto ley.
En cambio, el PP ha contado con el respaldo de PNV y CiU para convalidar el decreto. El PNV ha votado a favor porque considera "más vale algo que nada" para ayudar a las familias hipotecadas con problemas. No obstante, califica la medida de "tímida" y reconoce que adolece de "grandes debilidades". Asimismo, reprocha al Gobierno que "no tenga en cuenta la realidad del país" y no haya recogido explícitamente la participación de las haciendas forales de País Vasco y Navarra.
Por su parte, los nacionalistas catalanes también han apoyado la convalidación, alegrándose de que "por fin lleguen las primeras medidas" para atajar esta situación, que CiU ya reclamó "hace dos años y medio", tal y como ha recordado el diputado Pere Macías.
UPyD tampoco ha respaldado el decreto, argumentando que su ámbito de aplicación es "insuficiente" y que la norma es "irrelevante" por su carácter voluntario y "complicada", con "hasta once variables" a tener en cuenta para poder acogerse a las medidas. "No es suficiente y no se llega al fondo de la cuestión", ha reprochado el diputado Carlos Martínez Gorriarán.
De Guindos ha defendido que la "piedra angular" de este real decreto es el "reparto solidario de los esfuerzos" en la actual coyuntura, "aliviando" la situación de las que están en peor situación y "no pueden hacer frente al pago de sus obligaciones hipotecarias", lo que supone "riesgo de exclusión social".
Según De Guindos, hasta la fecha las medidas adoptadas "se han mostrado insuficientes", dado el "dato alarmante" de unas 250.000 ejecuciones hipotecarias en los últimos años. Para ello, el Gobierno ha decidido "ofrecer soluciones rápidas y eficientes", y se "huye de planteamientos demagógicos y maniqueos".
Además, el ministro ha recordado que a las medidas y reformas legales se anexa un código de buenas prácticas, que han de asumir de manera voluntaria las entidades financieras. Desde el Ejecutivo defendieron que no se impusiera este código a la banca, y agregaron que ha sido correcto, ya que las principales entidades financieras españolas "han manifestado su intención de adheridse".
El responsable de la cartera de Economía ha asegurado que esta iniciativa muestra la "sensibilidad y compromiso" del Gobierno "hacia los sectores más vulnerables", y ha pedido a los grupos parlamentarios que la apoyen por "responsabilidad y solidaridad".
Los detalles del real decreto
Para que las familias puedan acceder a la dación en pago deberán estar en el umbral de exclusión, que sea la primera y única vivienda y que todos los miembros de la familia carezcan de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas. Además, la cuota hipotecaria deberá ser superior al 60% de los ingresos netos que perciban el conjunto de los miembros de la unidad familiar, y carecerán de bienes patrimoniales con los que hacer frente a la deuda.
El valor de adquisición de la vivienda hipotecada deberá situarse en los siguientes márgenes. Para ciudades de más de un millón de habitantes, 200.000 euros; para ciudades de más de 500.000 habitantes, 180.000 euros; para ciudades de más 100.000 habitantes, 150.000 euros, y para ciudades de menos 100.000 habitantes, 120.000 euros.
Se limitan los intereses moratorios a los que deben hacer frente los deudores hipotecarios. Como máximo será el resultante de sumar los intereses pactados en el préstamo más un 2,5%.
¿En qué consiste el código de buenas prácticas?
