Los datos revelados por los técnicos de Hacienda (Gestha) son rotundos: de las seis comunidades autónomas que más defraudan, cinco "están bañadas por el mar", lo que supone que alrededor de un tercio de los arrendamientos irregulares podría estar relacionado con viviendas vacacionales. Las rentas sumergidas rondan los 1.200 millones.
Según el informe, de los 977.306 alquileres de viviendas no declaradas en España, un total de 650.000, equivalente al 66%, se encuentra en provincias costeras, en las comunidades de Cataluña, Andalucía, Islas Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares, a las que se sumaría Madrid.
El informe elaborado por Gestha, en el que se analizan exclusivamente las provincias costeras de cada comunidad autónoma a partir del cruce de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del IRPF, estima en 1.200 millones de euros anuales la rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de viviendas en provincias de costa.
Las que más defraudan
Cataluña lidera este particular grupo de comunidades autónomas punteras en rentas no declaradas, con más de 521 millones de euros anuales. Dentro de sus límites, Barcelona, con la Costa del Marésme, supera ampliamente al resto de las provincias catalanas, al contabilizar 439,9 millones de euros no declarados. La comunidad catala encabeza, además la lista de alquileres no declarados, con el 24,5% del total.
Andalucía ocupa el segundo lugar, con más de 180 millones de euros no declarados, y alberga tres provincias que destacan por su nivel de fraude sobre las demás circunscripciones andaluzas: la Costa de la Luz -compuesta por Cádiz y Huelva-, con 73,4 millones de euros, y la malagueña Costa del Sol, con aproximadamente 59,3 millones de euros de fraude. Andalucía cuenta con el 11,1% del total de alquileres no declarados.
Por su parte, la Comunidad Valenciana registra un fraude de 111,8 millones de euros anuales, de los que más de la mitad (57 millones) se concentran en la costa de Valencia. En el caso de Baleares, el fraude asciende a 96,3 millones de euros.
Tomar medidas
Por otro lado, el informe de Gestha considera "prioritario" que la Agencia Tributaria centre sus esfuerzos a corto y medio plazo en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, "a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales".
Los técnicos de Hacienda concretan la necesidad de delimitar aún más, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.
Otro frente implicaría modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para reducir a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y para que los juicios rápidos sean "realmente rápidos". En este sentido, insta a incrementar el número de juzgados a fin de agilizar estos procesos.
Más técnicos
Un tercer paquete de iniciativas pasaría por habilitar a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda para que asumieran las responsabilidades de la efectiva aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal.
Gestha estima que "con esta habilitación y un plan eficaz de lucha contra el fraude" la Agencia Tributaria podría reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles de fraude similares a los países de la UE, y aflorando así cerca de 56.522 millones de euros.
En la actualidad, la bolsa de fraude en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB (900.000 millones de euros en 2005), lo que supone un montante de 200.000 millones euros.
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