Bilbao
Euskadi quiere atajar los problemas relacionados con las dificultades de acceso a la vivienda y, para ello, los dos partidos del gobierno de coalición, PNV y PSE-EE, han registrado hoy una proposición de ley en el Parlamento vasco con la que pretenden "flexibilizar la normativa y agilizar la tramitación para impulsar la construcción", ya que, según han subrayado, "la legislación no era suficientemente flexible y bloqueaba en muchas ocasiones la creación de vivienda pública y privada".
La proposición de ley, que se tramitará por el procedimiento de urgenci y que supondrá la modificación de hasta seis leyes, ha sido presentada por los máximos responsables del PNV, Aitor Esteban, y el PSE-EE, Eneko Andueza, que han coincidido en subrayar la capacidad de ambos partidos para superar sus "discrepancias" y alcanzar un acuerdo "muy significativo" en este ámbito.
Con la nueva norma, según han explicado sus propios promotores, quieren "ampliar la oferta de vivienda, tanto protegida como de precio libre", a un precio "más asequible". Sin embargo, el texto permite que la reserva del porcentaje destinado a vivienda protegida en las nuevas construcciones, que actualmente es del 75%, se reduzca al 60%, si bien fija en un mínimo del 55% para la cuota de vivienda de protección social y el 5% restante para vivienda tasada. No obstante, consideran que la rebaja de esta exigencia podría activar la construcción de nuevas promociones al poder ser más rentables para sus promotores.
Eso sí, en caso de aplicarse el 10% de incremento de la edificabilidad urbanística permitida en las actuaciones consideradas como prioritarias, dicho aumento se destinará, en su totalidad, a la construcción de vivienda de protección pública, manteniendo el porcentaje mínimo del 55% para la vivienda de protección social y el resto de ese incremento para vivienda de protección tasada.
Además, la proposición de ley aligera los procedimientos administrativos para "construir más y más rápido", con "plazos más cortos" que "permitirán ganar hasta ocho meses" en la tramitación, tal y como ha indicado Esteban.
Flexibilización para movilizar suelo
Otra de las novedades de la norma es que flexibiliza la implantación de nuevos alojamientos dotacionales. Así, las viviendas públicas de alquiler temporal para personas con dificultades podrán construirse en edificios ya existentes y en suelos equipamentales. De esta forma, se contempla la posibilidad de ubicar estas viviendas en este tipo de suelos sin necesidad de que se requiera de una modificación en su calificación, "siempre que se justifique la innecesariedad del equipamiento inicialmente calificado".
Por último, se recoge un régimen sancionador vinculado a los incumplimientos derivados de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Con todo ello, la nueva ley pretende ayudar a "desbloquear" suelo urbanizable y, según ha precisado Andueza, "controlar la especulación, actuar sobre el mercado residencial tensionado y regular las viviendas turísticas".
En esta 'Proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo' se estima que Euskadi dispone de suelo calificado capaz de albergar más de 160.000 viviendas, 75.000 de ellas protegidas, "que no se moviliza por condiciones urbanísticas, económicas y ambientales", de forma que se trata de "recursos que no cumplen su función social y que es necesario movilizar en un contexto de cambios demográficos y económicos acelerados", aseguran.