Valencia
Uno de los asuntos permanentemente en debate en la Comunidad Valenciana y que vuelve a ser una de las grandes cuestiones abiertas tras la DANA es el de la planificación urbanística. El Gobierno de Carlos Mazón acaba de aprobar un decreto ley de urgencia con el que hacer frente a la situación generada en los municipios más afectados por las riadas y que paradójicamente reducirá la tramitación para poder construir viviendas y trasladar zonas industriales pero a la vez congelará proyectos que ya estaban en tramitación sin unos plazos claros.
La norma con medidas urbanísticas urgentes busca "facilitar" las tareas de reconstrucción de viviendas y polígonos industriales tras la riada del 29 de octubre, según el conseller de de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. Para ello se incluye la creación de una nueva figura urbanística de carácter autonómico, es decir, que frente a los tradicionales Planes Generales de Ordenación Urbana de los consistorios tramitará la Generalitat.
Según Martínez Mus, esta nueva figura tiene el objetivo fundamental de reducir los plazos de tramitación a nueve meses, "cuando en condiciones normales y sin interrupción de los procedimientos podrían ser años de duración". Así, con estos planes especiales urbanísticos de reconstrucción se podrá crear y ordenar suelos para la construcción de viviendas, así como a la reubicación de polígonos industriales o terciarios, a la integración de las infraestructuras que resulten necesarias.
La Generalitat justifica esa agilización y la reducción de trámites en la emergencia de la DANA y la necesidad de recuperar viviendas en la zona afectada. Sin embargo, esa celeridad para crear esas nuevas viviendas y polígonos contrasta con el hecho de que, a la vez, congelará todos los proyectos actualmente en tramitación en "suelo rural inundable".
A expensas de la planificación estatal
Así, mientras que en el suelo urbano ya urbanizado se mantendrán los usos vigentes en cada plan general, en el suelo rural inundable afectado por la DANA "quedarán suspendidos todos los procedimientos urbanísticos presentados" a partir del 29 de octubre. Esa suspensión cautelar se levantará cuando la administración central apruebe un programa de obras hidráulicas para la zona.
Según la Generalitat, sólo se levantará esa medida cuando el Estado apruebe "una relación programada de obras hidráulicas a realizar, valoradas además económicamente, que permitan eliminar el riesgo de inundación en los municipios afectados", según Martínez Mus. Teniendo en cuenta los precedentes de obras planeadas en más de dos décadas y no realizadas con Gobiernos de distinto signo político, no parece que esa medida temporal se vaya a levantar en poco tiempo.
En el caso del suelo rural que no se haya inundado, "sí que se admiten los procedimientos urbanísticos, pero hará falta un preceptivo informe del organismo de cuenca del Estado, que es la Confederación Hidrográfica del Júcar", ha explicado el conseller.
El decreto ley también permite la habilitación de los ayuntamientos a tramitar y aprobar modificaciones de planeamiento en suelo urbanizado para facilitar la reconstrucción, así como la creación de una nueva figura, Proyectos de Reconstrucción Local (PRL), que permitirá destinar suelo vacante no ejecutado, cualificado como equipamiento dotacional, a la construcción de viviendas residenciales.
