Una de las principales operaciones inmobiliarias del año está en juego. La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la proposición no de ley presentada por Sumar para "reorientar" la venta de Árqura Homes, la promotora residencial de la Sareb. Una transacción que había despertado el interés de los principales actores del sector inmobiliario al aglutinar una importante cartera de suelo finalista en España.
El Congreso ha instado al Gobierno a que la reciente empresa pública de vivienda aprobada en Consejo de Ministros aproveche los inmuebles que tiene a su disposición la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a vivienda social y asequible. Se trata de una cartera con suelos para levantar 16.000 viviendas.
La iniciativa, aprobada con los votos a favor del PSOE, Sumar y Podemos, la abstención del PNV, ERC, Bildu y la oposición de Vox y Junts per Catalunya, insta al ejecutivo a "reconsiderar" esta operación, según el texto pactado por los socios de gobierno, en lugar de instarle a "frenar inmediatamente" la venta, como figuraba en el texto original.
También llama a redefinir el objeto social de la Sareb hacia la promoción de vivienda pública y asequible, por entender que es un actor clave para afrontar la emergencia habitacional ante la escalada de los precios de venta y alquiler. Sumar ha planteado en la comisión que la venta de una participación mayoritaria en Árqura podría tener consecuencias irreversibles y que los principales interesados en esta operación son los grandes fondos, a los que ha señalado como responsables de tensionar el mercado inmobiliario.
Su portavoz de Vivienda y promotor de la iniciativa, Alberto Ibáñez, ha insistido en que esa operación ponía en riesgo la oportunidad histórica de gestionar un parque público de viviendas que podría convertirse en un instrumento eficaz para ampliar la oferta de alquiler social y asequible, y ha llamado a detener cualquier acción que implique una mayor privatización de los activos de la Sareb.
Mandato original de Sareb
La paralización de esta venta, sin embargo, choca de frente con el mandato que tiene Sareb desde su creación. La sociedad, que nació en 2012 tras el estallido de la burbuja para salvar al sistema financiero español aglutinando los activos inmobiliarios fallidos, tiene el mandato de desinvertir a la mayor celeridad su cartera de activos para poder devolver la deuda avalada por el Estado antes de su cierre fijado para 2027.
En ese contexto, Árqura se puso en marcha en 2019 por parte de la entidad pública para maximizar el valor de los mejores suelos en manos de Sareb.
Dentro de su venta se incluye una cartera de suelos e inmuebles que suman 16.000 viviendas. Concretamente, 4.000 se encuentran en edificios que ya están en desarrollo, otras 2.200 están en fase de precomercialización y el resto, 9.800 unidades, son suelos en distintos momentos de desarrollo urbanístico.
Sareb ha reconocido en diversas ocasiones que no será capaz de devolver la totalidad de la deuda, por lo que el bloqueo de esta operación dificultará aún más la posibilidad de alcanzar ese objetivo. Actualmente, la deuda con el Estado asciende a 29.413 millones.