La okupación de viviendas preocupa sobremanera a los españoles, hasta el punto de que uno de cada cuatro tiene miedo a que su casa sea okupada, la cuarta parte. Se trata de un problema que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa entre las principales preocupaciones de los españoles y los datos le avalan.
Para el 24% de los españoles existen posibilidades "medias o altas" de que le okupen su vivienda y un porcentaje muy superior, el 77%, cree que este fenómeno es un problema social en nuestro país.
Son algunas de las conclusiones del estudio Los españoles ante la okupación de la vivienda en España. Opinión, preocupaciones y propuestas, elaborado por Línea Directa Aseguradora después de realizar 1.700 encuestas en toda España. De hecho, solo el 8% de los encuestados considera que la "okupación" de viviendas es un fenómeno residual sin mayor trascendencia que suele exagerarse por motivos políticos.
Entre las causas que llevan a okupar viviendas, los sondeados culpan a la lentitud de la justicia en un 28% de los casos, mientras que el 25% considera que la permisividad de los políticos la favorece y un 23% la achaca a la dificultad para acceder a una vivienda debido a su alto precio. Además, casi 3 de cada 4 ciudadanos, el 73%, piensa que las penas para este tipo de prácticas "son muy laxas" y que "no existe seguridad jurídica".
Además, la duración de los procedimientos de desalojo figura como otro problema. Y es que en 2022 los procesos de desalojo y sus recursos conllevaron un plazo medio de resolución de 20,5 meses.
¿Problema conocido?
Un 31% de los encuestados conocen directa o indirectamente algún caso de okupación, un porcentaje especialmente relevante en las Islas Baleares (39%). Por zonas geográficas, Cataluña, con 650 okupaciones denunciadas en 2022, Andalucía (535) y Comunidad Valenciana (390) son las regiones con mayor número de casos registrados.
En cuanto a qué comunidades viven con más preocupación la okupación de casas, Cataluña (83%), Andalucía (81%) y Cantabria (81%) son los territorios donde los ciudadanos se muestran más alarmados por la proliferación de casos, mientras que donde menos lo están es en Navarra, Galicia y la Comunidad Valenciana.
La okupación 'no existe'
En todo caso, y pese a la alarma social que genera, solo el 22% de los sondeados afirma que conoce bien la regulación actual de la okupación, mientras que la mitad asegura que tiene nociones generales y un 28% admite no conocerla en absoluto.
Aunque la okupación no existe como tipo penal específico en el ordenamiento jurídico español, puede perseguirse agarrándose el delito de usurpación o al de allanamiento de morada, según las circunstancias de cada proceso.
En cualquier caso, se trata de una práctica que, según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial, se incrementó un 37% entre 2018 y 2022, superándose superando las 75.000 denuncias y los 15.000 procedimientos civiles durante ese periodo.
Menos que en 2023
A pesar de que el problema persiste, las infracciones penales por okupaciones de viviendas en España han bajado un 11% en el primer trimestre de este año, con respecto al mismo periodo del año enterior, con Cataluña a la cabeza con el 42% de ellas: 1.673 casos.
Según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior consultados, a 31 de marzo se habían contabilizado 3.898 infracciones penales relacionadas con la okupación de inmuebles, frente a los 4.385 casos del primer trimestre de 2022 y los 4.634 infracciones de 2021.
En la estadística del Ministerio del Interior se recogen datos de todas las fuerzas de seguridad del Estado, salvo la Ertzaintza.
Hay 43 okupaciones cada día
Las 3.898 infracciones penales vinculadas a la okupación de inmuebles contabilizadas en el primer trimestre de este año arrojan una media de 43 diarias, según el Ministerio del Interior. Cataluña sigue figurando como la comunidad autónoma con mayor número de okupaciones, ya que triplica a la segunda región con más casos, Andalucía, que suma 594 infracciones penales.
Pese a todo, el dato ha ido bajando en Cataluña, en los tres últimos años: 1.966 casos en 2021, 1.875 en 2022 y ahora 1.673 en los primeros meses de 2023. La Comunitat Valenciana suma en el primer trimestre 420 okupaciones y la Comunidad de Madrid, 369. El resto de regiones que superan el centenar de casos son Castilla-La Mancha (161), Canarias (148), Murcia (123) e Islas Baleares (111).
El total de estas infracciones penales registradas en 2022 fue de 16.726, un 3,2% menos que el año anterior, cuando esta cifra se había disparado hasta el máximo histórico de 17.274 casos, recopilando los datos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas y los cuerpos municipales.
Cómo acabar con el problema
El endurecimiento de las penas y agilizar los desalojos son las soluciones preferidas frente a las okupaciones, según el 60% de los españoles, muy por delante de otras medidas como facilitar el acceso a la vivienda (45%) o centrar la acción policial sobre las mafias organizadas (31%).
El proceso de desalojo que, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, puede tener una duración superior a los 20 meses, es otro de los objetos de debate. El 53% de los españoles es partidario de un desalojo por parte la Policía sin necesidad de intervención del juez en caso de que no se demuestre in situ la propiedad o la existencia de un contrato vinculante.
El 35% está a favor de que un juez intervenga siempre en el procedimiento, pero con plazos mucho más reducidos. Además, el 76% de los encuestados estaría dispuesto a contratar un seguro antiokupación, siendo el pago de la hipoteca (35%) y de los gastos de proceso (30%) las coberturas más valoradas.
