Galicia
El Gobierno gallego aún no tiene decidido si recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda, al tiempo que asume que la cumplirá porque no le queda más remedio. Resignado se mostró el presidente autonómico, Alfonso Rueda, después de la firma de un convenio con abogados destinado a ofrecer información y asistencia a personas cuya vivienda haya sido ocupada de forma ilegal.
Respecto a la norma estatal, Rueda ha censurado que tiene aspectos inconcretos por lo que se está estudiando, de momento, hasta qué punto llega esa obligación y quién tiene que ejercerla.
En su discurso con reproches velados y también explícitos a la ley estatal, reprochó que la clave es "solucionar" los problemas derivados de todo lo que rodea a la vivienda, no de crearlos, dijo.
El derecho a la vivienda, a su juicio, debe entenderse "en sentido amplio" y "no se puede interpretar solo en un sentido como parece hacer la nueva ley de vivienda.
A la pregunta de si se plantea no cumplirla, ha respondido que su Ejecutivo siempre va a cumplir las leyes y quien diga que no, lo va a hacer cometiendo una ilegalidad.
Convenio
De plantearse interponer ese recurso, la Xunta se dirigirá a esos aspectos que la Xunta cree perjudiciales, para que se cambien o anulen. Sobre los plazos para tomar esa decisión, ha contestado que son los legales para decidir si se recurre o no ante el Constitucional.
Durante la rúbrica del convenio la primera en tomar la palabra ha sido la presidenta del Consello da Avogacía Galega, Lourdes Carballo, quien ha recordado que el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución. El acuerdo busca implantar medidas en una fase previa a la de los tribunales.
Carballo se ha referido a la crisis del ladrillo que provocó muchos desalojos y ha valorado que la Xunta está trabajando poniendo sobre la mesa medidas para paliar esta situación.
Otra situación de desamparo a la que ha apuntado es a la que se destina este convenio, en relación con aquellas personas que se ven privadas de sus viviendas porque han sido ocupadas ilícitamente.
En todo caso, ha constatado que esa ocupación muchas veces tiene la razón en la misma causa y ha aludido a la actuación de organizaciones criminales que disponen de viviendas para alquilarlas a las personas más vulnerables.
El convenio entre la Xunta y los abogados da pie a un canal de información y comunicación para personas que se encuentran en riesgo de perder su vivienda.
En este sentido, el convenio incluye dotar al ciudadano de medios para poder actuar de forma inmediata y que pueda hacer esa recuperación de su vivienda, acceder a otra o mantener la que ya ocupaba.
La novedad reside en hacer una guía para orientar a las personas en todos los trámites y procedimientos que se abren cuando es víctima de una ocupación.
De igual modo, si se sufre un desahucio, a esa persona también se le informará de los trámites y recursos que tiene a su disposición.
