La vivienda asequible un reto en el entorno actual y parece que la colaboración público privada es la única forma para que se construya. Sin embargo, la incertidumbre y la inseguridad jurídica que sobrevuela la Ley de Vivienda puede poner en riesgo las inversiones en este mercado. Así lo han dejado ver algunos expertos del sector en III Observatorio de la Vivienda organizado por elEconomista y Century21. "La Ley de Vivienda no es necesaria tal cual está concebida", señala José María García, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, ya que lo que hay que hacer "es estimular la oferta desde un plano de generación de seguridad jurídica", por lo que la norma tal y como está planteada "va a desincentivar la inversión y, además, no va a resolver el problema de acceso a la vivienda".
El informe del Consejo General del Poder Judicial reflejaba que en su proyecto la norma es potencialmente anticonstitucional, porque invadía las competencias autonómicas. "La Comunidad de Madrid, ya ha sido muy clara, no aplicaría en ningún caso la declaración del mercado tensionado, porque sería intervenir el mercado de alquiler y provocar ese efecto que hemos visto en Berlín, en París, en San Francisco, donde se ha visto clarísimamente que la intervención del mercado de alquiler ha deteriorado el parque de viviendas", apunta García. De hecho, en el caso de que se llegara a aprobar, desde el punto de vista político, el representante de la CAM apunta que "lo que habría que hacer es derogarla inmediatamente, porque solo el anuncio de la ley ya provoca esos efectos perversos. Si estuviera en vigor, no aplicarla y recurrirla ante el constitucional, porque hace daño al sector inmobiliario y no da respuestas en el acceso a la vivienda, que es lo que necesitan las familias", concluye García. Por ello, desde la región apuestan por generar" experiencias positivas como el Plan VIVE", para fomentar el acceso a la vivienda.
Más allá del control de precios, Francisco Pérez, CEO de Culmia, muestra una preocupación adicional ante la Ley de Vivienda, modificar la actualización de precios de los alquileres en lugar de con el IPC con el índice de competitividad topado a tres puntos. "Esto es una de las cosas que ha salido, es verdad que posiblemente no sea la posición oficial de todo el Gobierno, pero sí de algunos de los que hoy dan soporte parlamentario y están insistiendo mucho", apunta el CEO de Culmia, quien añade que "para mí esto sería un drama en el mercado".
En un país que tiene un déficit de vivienda al alquiler, el experto llama a fomentar este mercado. "En España hay 13 ciudades que tienen precios de alquiler por encima de 10 euros. Ahí es donde habría que hacer las políticas fuertes de vivienda asequible y fomentar el alquiler porque son las ciudades que siguen atrayendo población", finaliza Pérez.
Colaboración público-privada
La vivienda asequible es un gran reto en el entorno actual de inflación y subida de precios. Parece que la colaboración público-privada es la única fórmula para que se construya vivienda asequible de obra nueva. "Esto es una cuestión nuclear para el futuro de nuestra economía y del sector inmobiliario", comenta García.
La solución para dar oportunidad a las familias en la búsqueda de viviendas parte de la colaboración público-privada. Así nace el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, que consiste en movilizar suelo público al servicio de un concesionario privado en una fórmula muy amplia de proyectista, promotor, constructor y gestor patrimonial a largo plazo. Toda la inversión es privada. "Lo que hace es intervenir en materia de política de vivienda desde un sentido positivo, generando una amplia oferta", apunta García. En la actualidad hay 6.600 viviendas ya contratadas, de las cuales 4.400 ya están en ejecución, parte de ellas de forma industrializada. "El Plan VIVE está en una fase de dulce porque ya estamos tocando físicamente los proyectos que se están convirtiendo en obra", apunta el representante de la CAM.
García llama a confiar en el sector privado de la economía, mientas que la administración "tiene que ser un actor que facilite, que estimule, que ayude en ese proceso y que cumplamos al mismo tiempo nuestra función pública, porque el resultado final del Plan VIVE son 6.600 viviendas en alquiler asequible, con una gestión profesionalizada, generando más de 15.000 empleos directos en la fase de construcción y un retorno de PIB de más de 3.500 millones de euros en la vida de las concesiones".
Los expertos coinciden que harían falta en España 800.000 nuevas viviendas construidas, por lo que "solo para vivienda asequible habría que destinar 7.000 millones de euros al año, mientras que el presupuesto del Estado para política de vivienda es de 3.400 millones", apunta Francisco Pérez, CEO de Culmia. Con el presupuesto claro, "o hay colaboración público-privada o en este tema no se avanza", señala Pérez. Entre las claves para mejorar los proyectos de colaboración público-privada, el CEO de Culmia destaca la industrialización como "vital" y no es que sea más barato, pero "te garantiza fiabilidad y plazo". Además, a la administración "le pedimos impulso, que sean ágiles y que los procesos estén pensados para que salgan", señalan Pérez.
