El coste de los alimentos, pero sobre todo de la vivienda, se presentan como el principal objetivo de un Gobierno empeñado en desinflar la inflación subyacente, que cerró el pasado mes de diciembre un 1,3% por encima del índice general. El indicador tocará techo a lo largo del primer trimestre, según calcula la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. A finales del pasado año, Moncloa aprobó el último paquete de medidas de 10.000 millones de euros para amortiguar el impacto del alza de los precios, muy dirigido a las rentas bajas y especialmente a dar estabilidad al precio de la cesta de la compra y la vivienda. Sin embargo, los motivos para extender sus medidas estrella más allá del 31 de junio se acumulan.
En un año partido por dos grandes citas electorales, Pedro Sánchez deberá mantener la paz en las finanzas de las familias si quiere revalidar su cargo y mantener o ganar terreno en las comunidades o los ayuntamientos claves. Sin embargo, las previsiones económicas juegan en contra de las familias. La mayoría de los expertos calcula un incremento de los precios del alquiler a lo largo de los próximos doce meses, anticipando un rompecabezas de difícil solución para el Ejecutivo. La CMO de Colibid, Elena Gutiérrez estima una subida de entre el 3% y el 5%. Señala que el gran problema no se encuentra en los contratos en curso limitados al 2%, sino en las ofertas de alquiler, disparadas por la contención de la compra de vivienda. "Las subidas de los tipos de interés está empujando a la gente a un alquiler cada vez más caro, generando que cada vez haya más mayores de 40 años compartiendo piso", afirma.
Hasta el momento, el Gobierno tan solo ha aprobado una medida con impacto en las cuentas públicas. El bono joven del alquiler ofrece una ayuda de 250 euros para pisos de 600 y 900 euros hasta 2024. Para acceder a él hay que ser menor de 35 años y tener unos ingresos anuales inferiores a tres veces el Iprem. "El Gobierno debería aplicar una medida más realista, en la mayoría de grandes ciudades el precio de las viviendas de alquiler se sitúan por encima del límite establecido", afirma Gutiérrez que cree que el Ejecutivo debería aprobar mayores ventajas fiscales para aquellos propietarios que saquen sus viviendas al mercado.
Durante los últimos días, ERC y Bildu han arrastrado al PSOE a valorar ampliar el bloqueo del precio de los contratos a los nuevos. Con ello pretenden evitar que los propietarios puedan sacar del mercado del alquiler sus viviendas para luego volver a ponerlas en arrendamiento sin que les afecte el control de rentas. Más allá de esto y de topar las subidas de las rentas al 2% en línea con el índice de garantía de la competitividad, el Gobierno no cuenta con armas efectivas en el paquete recientemente aprobado. Hacerlo no tendrá impacto en las cuentas, pero elevará el malestar de los arrendadores y empresas de gestión del alquiler si no se decide por la vía de los beneficios fiscales.
Límites en la rebaja del IVA
Lo mismo ocurre con el precio de los alimentos básicos, cuyo IVA se sitúa al 0% desde el pasado 1 de enero. Otros productos, como la carne y el pescado siguen gravados 10%. Sin embargo, rebajar su IVA al 5%, como ocurrió con la pasta y el aceite, reduciría notablemente la previsión de ingresos tributarios con los que Moncloa cuenta para posponer algunas ayudas y tapar parte del agujero que el déficit mantiene en las cuentas públicas. El año 2022 dejó un colchón de 32.919 millones de ingresos tributarios extraordinarios hasta noviembre. De él, saldrá el soporte que permitirá la renovación de las medidas que mayor efecto tengan sobre la subyacente. La rebaja del IVA de los alimentos hasta junio implica un coste de 660 millones de euros, extender su validez elevaría la cifra total por encima de los 1.300 millones.
Bruselas insta a reducir déficit
A pesar del incremento de los ingresos tributarios en 2022, Juan Ángel Lafuente, catedrático de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I no cree que exista tanto margen para alargar el paquete de medidas antiinflación. "El Gobierno debe ser selectivo en las medidas que quieras prorrogar y evaluar constantemente su impacto", afirma.
El pasado noviembre Bruselas abroncó al Ejecutivo por no utilizar el excedente de ingreso tributos para reducir el déficit público, un reto que Lafuente considera prioritario, "las medidas tienen que ser aplicadas en momentos transitorios, hacerlas permanentes es absurdo, España tiene unos niveles de deuda muy crecientes y problemas como las pensiones no resueltos".
