Vivienda - Inmobiliario

Martínez-Almeida: "Hemos reducido un 50% los plazos de las solicitudes de licencias urbanísticas en Madrid"

  • La colaboración público-privada es primordial para el correcto ordenamiento de la ciudad.
Madrid

"El sector inmobiliario es un motor económico y social en España, que ha hecho de la innovación y la excelencia sus señas de identidad", Así lo ha apuntado José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, durante el acto de clausura de la II Gran Jornada Inmobiliaria organizada por el elEconomista, en colaboración con empresas líderes del sector.

"Desde el Ayuntamiento siempre hemos querido poner en valor lo que significa este sector en términos sociales y económicos para la ciudad de Madrid", ha explicado Almeida, porque "los promotores y operadores privados son clave para poder realizar una buena política urbanística".

El alcalde también ha analizado la mala imagen con la que contaba la industria tras la crisis del 2008, "teníamos claro que todos los estigmas que había relacionados con sector eran profundamente injustos y no respondían a la realidad", a lo ha querido añadir que "las compañías han trabajado muy bien desde aquella recesión económica y han configurado, en la actualidad, una industria saneada y preparada".

De hecho, este ha sido uno de los puntos sobre los que ha trabajado el ejecutivo de la capital, "desde el ayuntamiento somos partidarios de la colaboración público-privada y, frente a los discursos anteriores que criminalizaban y estigmatizaban al sector inmobiliario, tendemos la mano a los operadores privados y fondos de inversión, agentes clave en la creación de políticas de crecimiento y riqueza, para construir juntos una ciudad mejor" ha indicado el alcalde, para el que "la manera actual de repartir los fondos europeos, un 80% para las administraciones y un 20% para el sector privado, es un error", y ha querido poner de manifiesto que, "si la finalidad es transformar el modelo productivo, debería ser un 20% al sector público y un 80% al privado, porque no hay nadie mejor posicionado para llevar a cabo esta transformación que los que forman parte de la industria".

Para ello, ha destacado que "teníamos que fomentar esta relación desde el punto de vista regulatorio y normativo, porque los trámites burocráticos eran, y aún siguen siendo, demasiado complicados y extensos, y encarecían los costes para los promotores y constructores".

En esta línea, Almeida ha recalcado, "que trabajamos para agilizar estos procesos, y hemos conseguido reducir en un 50% los plazos de las solicitudes de licencias urbanísticas, respecto al gobierno anterior, gracias a nuevas herramientas tecnológicas y a la digitalización". Por otro lado, también ha querido remarcar "que las licencias urbanísticas necesitaban simplificarse" y ha destacado la importancia de "crear un marco jurídico atractivo y asegurar a todos los administradores, que las solicitudes de licencias estuvieran unificadas. Por ellos, hemos creado una única ordenanza de licencias urbanísticas que va a ayudar a reducir los tiempos de solicitud y de administración".

Además, ha explicado que era necesario "cambiar el Plan Urbanístico de la ciudad para poder adaptarlo a la nueva realidad y dotar de instrumentos a la administración para acelerar los trámites". También ha destacado "que no era posible la creación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana durante una única legislatura y teniendo en cuenta el fraccionamiento de la Cámara", pero ha remarcado cómo han llevado a cabo "la mayor modificación de los últimos 25 años, para flexibilizar los usos del suelo y dar respuesta a los nuevos requerimientos y realidades sociales e industriales, y para reformar el catálogo de bienes protegidos".

También ha analizado la situación actual de incremento de precios en la ciudad, y ha aclarado que "esto se debe al exceso de demanda y a la falta de oferta que lo acompañe", a lo que ha comentado que tienen "claro que hay que avanzar en los programas urbanísticos fijados en el plan de 1999 que servirán para aumentar la oferta e igualarla a la demanda actual reduciendo la inflación de los precios, y que, además, de no efectuarse, podrían suponer una responsabilidad patrimonial de 1.000 millones para el ayuntamiento".

Asimismo, ha querido remarcar la necesidad de apoyar a los colectivos menos favorecidos, "ya que hay numerosas familias y personas que no tienen la capacidad económica para acceder a una vivienda". En esta línea ha explicado que "desde la colaboración público-privada pueden ofrecer soluciones a este problema" como desde el ayuntamiento han "dotado 25 parcelas del Ayuntamiento para la construcción de 2.000 viviendas en regímenes de alquiler protegido".

Para terminar, ha querido recordar la importancia de "poner en valor y subrayar a la industria inmobiliaria como un acelerador del crecimiento económico y social en nuestro país" y subrayar la "modificación de la norma subsidiará del Plan General Urbanístico, que permitirá un mayor agilidad y flexibilidad a la solicitud de licencias, lo que beneficiará la llegada de los fondos europeos".

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