Zaragoza
El PAR ha presentado en la Diputación de Huesca una resolución para instar a los gobiernos de España y Aragón a poner en marcha nuevas acciones para solventar esta situación.
En esta resolución se insta a Ejecutivo nacional y aragonés a "intensificar y promover nuevas y decididas acciones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda" ante las dificultades que "imposibilitan a amplios sectores sociales ejercer este derecho".
Esta resolución será defendida por el PAR en la sesión plenaria de esta semana en la Diputación de Huesca para que ambos ejecutivos, en colaboración en entidades locales y agentes del sector inmobiliario, intensifiquen y promuevan nuevas acciones dirigidas a facilitar acceder a una vivienda frente a las dificultades actuales y crecientes "por precios y condiciones" -subida del 2,2% en el Alto Aragón entre los meses de marzo y abril-, que "imposibilitan a amplios sectores sociales ejercer este derecho".
La resolución incluye además un punto específico para que la DPH se comprometa a garantizar la continuidad y "en su caso, ampliación de los programas y ayudas dirigidas a los ayuntamientos para la rehabilitación y construcción de viviendas en los municipios altoaragoneses".
Para el Grupo Aragonés-PAR, "las dificultades para el acceso a la vivienda es un inconveniente de primera importancia para la cohesión, la igualdad y el progreso de la sociedad española y aragonesa. Sus efectos negativos sobre amplios colectivos, como la juventud o las familias más desfavorecidas e incluso de la denominada clase media, y respecto a todos los territorios, desde las ciudades a los pueblos, afectan a la calidad de vida y a las expectativas de millones de personas".
Además, añaden que este problema "se ha manifestado durante décadas y, frente al espejismo inmobiliario que concluyó con el crack del sector y la recesión, se mantiene y se ha agravado con las sucesivas crisis y se encuentra en perspectiva de profundizarse con el alza general de precios actual. Cuando el esfuerzo familiar destinado a la vivienda supone porcentajes que superan largamente un tercio de los ingresos hasta acercarse a la mitad de los mismos, según zonas y condiciones laborales, nos hallamos ante un auténtico impedimento para muchos a la hora en enfocar cualquier proyecto vital".
Según los aragonesistas, "no sólo resulta un déficit social crónico, sino que puede intensificarse y lastrar por completo el desarrollo social y económico de Aragón y España, en múltiples aspectos, a pesar de que disponer de una vivienda digna y adecuada es una necesidad básica y un derecho reconocido por la Constitución que también figura entre los principios rectores de la política social y económica".