La legislatura de Pedro Sánchez se agota, y entre los asuntos que acelera el Gobierno de España en la recta final de este mandato se encuentra uno en el que poco o nada ha avanzado el Ejecutivo socialista desde su llegada: culminar reforma de la estiba -las labores de carga y descarga de buques en los puertos- para adecuarla a la sentencia europea contra el sistema portuario español. No obstante, la intención de abordar un tema tan sensible en plena campaña ha causado estupor en las terminales, que temen que los estibadores aprovechen la debilidad del Gobierno para imponer sus intereses.
El dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea instó al Reino de España a corregir lo que consideraba un doble monopolio: la obligación de las terminales de formar parte de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep) y, a su vez, la de contratar única y exclusivamente a los trabajadores de la misma. Europa consideró este funcionamiento una clara barrera a la libertad de empresa y condenó a España a cambiarlo a finales de 2014, una sentencia que el país no abordó hasta que su no aplicación se convertía en una multa económica diaria.
Fue mucho tiempo después, ya a principios de 2017, cuando el gobierno de Mariano Rajoy abordó la cuestión. Por fin, tras un largo tira y afloja, un decreto tumbado por la izquierda en el Congreso, varias convocatorias de huelga y otras tantas jornadas de brazos caídos, el entonces ministro Íñigo de la Serna alumbró un nuevo decreto muy modificado que Competencia (CNMC) recurrió al considerarlo continuista. ¿El motivo? A su juicio, el compromiso paralelo de las empresas de permanecer de forma voluntaria en los nuevos Centros Portuarios de Empleo y de contratar exclusivamente a sus trabajadores hace que el monopolio continúe de facto.
En cualquier caso, el funcionamiento de este nuevo modelo sigue pendiente todavía de la aprobación del reglamento del decreto, una labor que quedó en el haber del gobierno de Pedro Sánchez tras triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Hasta la fecha, el Ejecutivo había mantenido un perfil bajo ante esta cuestión, si bien fuentes gubernamentales manifestaron esta semana su voluntad de aprobar el reglamento antes de las elecciones, tal y como recogió el diario especializado Cadena de Suministro.
Tal posibilidad ha hecho saltar las alarmas en el Puerto de Valencia. Según trasladan a elEconomista fuentes portuarias, se trata de un asunto muy sensible que requiere la máxima estabilidad, justo lo contrario a lo que se enfrenta el Gobierno de España: una campaña electoral. El temor, según precisan, es que los estibadores puedan hacer valer su fuerza sindical -el colectivo es capaz de parar la economía de un país deteniendo los puertos- y forzar a la administración central a atender sus intereses, máxime con unos comicios a la vuelta de la esquina. "Es un asunto urgente perfecto para el próximo Gobierno", ironizan al respecto.
Preguntadas al respecto, fuentes del Ministerio de Fomento matizaban este miércoles que el departamento "continúa trabajando con intensas reuniones entre las partes", si bien no garantizaban que la solución a esta cuestión pudiera llegar antes de las elecciones nacionales del 28 de abril.
