Valencia
La sostenibilidad y la responsabilidad social ocupan, cada vez, un lugar más importante en la definición de las estrategias y la gestión de las organizaciones, independientemente de su ámbito geográfico, su sector de actividad y su tamaño. El principal reto con el que se encuentran al apostar por este tipo de políticas es cómo integrarlas en su estrategia. "Se trata de evolucionar los modelos de negocio hacia la sostenibilidad, con un proceso de desarrollo organizacional estratégico, innovador y abierto, donde coexisten objetivos y principios financieros, sociales, medioambientales y de gobernanza. Al ser un ámbito relativamente joven, adolece de falta de profesionales especializados, por lo que contar con un asesor externo puede ayudar a sentar unas bases sólidas sobre las que trabajar, en un proceso de mejora continua", detalla José Gámiz, director de Ética Sostenibilidad y responsable de RSC del grupo. (Más contenidos en la revista digital gratuita 'elEconomista Comunitat Valenciana').
Ética, que tiene sus orígenes en el asesoramiento financiero independiente -siempre orientado y especializado en ISR (inversión socialmente responsable)-, apostó, en 2015, por diversificar su actividad con la consultoría estratégica en materia de responsabilidad social, y acaba de dar un paso más en esta línea con la constitución de una filial especializada, Ética Sostenibilidad. Entre sus clientes, hay empresas de varios perfiles y sectores, como, por ejemplo, Dulcesol, Obremo, Circuit Ricardo Tormo, Grupo Mosaiq, Grupo Simetria y el Palau de les Arts.
"Los grandes acuerdos internacionales -como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, firmados por 193 países-, la evolución de la normativa europea, nacional y autonómica -en la que destaca la Ley valenciana de Fomento de la Responsabilidad Social- y la presión y control ejercido por un ciudadano cada vez más concienciado han abocado a las empresas a asumir estas estrategias y políticas, no solo como una herramienta de impulso de su imagen y su competitividad, a través de la mejora de su relación con todos los grupos de interés -entre los principales, empleados, clientes y proveedores-, sino como instrumento fundamental para minimizar y gestionar los riesgos y, con ello, ser más eficientes y rentables", señala Gámiz -que tiene 17 años de experiencia como asesor y consejero independiente, consultor y auditor interno. Está homologado para implementar certificaciones del estándar SGE 21, por Forética; IQNet RS 10, por Aenor; Economía del Bien Común, y GRI Standars, por AEC, entre otras-.
En función de las necesidades, circunstancias y el plan estratégico de cada empresa, diseña un modelo de implantación y un plan de acción -con sus respectivas fases y herramientas, objetivos e indicadores clave-. Siempre partiendo de una premisa básica: "La primera responsabilidad es la viabilidad financiera. En un contexto de pymes, como el de la Comunitat, tenemos que ser conscientes de que los recursos son limitados. No se trata de intentar abarcar todo a la vez, sino de priorizar, en función de la situación real y de los impactos, positivos y negativos, que se generen, e ir avanzando", apunta.
Ética es ejemplo de esta visión. Fundada y dirigida por Fernado Ibáñez, la firma, que ofrece servicios de gestión patrimonial, mercados de capitales y sostenibilidad empresarial, fue una de las pioneras en ser certificada por la Economía del Bien Común (EBC). "Está dentro de las tres empresas de la EBC con mayor puntuación en la Comunitat, entre las cinco de España y dentro de las diez de todo el mundo", subraya Gámiz.
Además, Ética es socia fundadora del Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S). Entre los proyectos de la asociación está el Curso de Experto en Responsabilidad Social, impartido en la Universidad Europea de Valencia, diseñado y dirigido por José Gámiz.
Incipiente imposición
Integrar políticas de responsabilidad social y sostenibilidad en una empresa es algo voluntario, pero le permitirá ir adaptándose a la evolución futura del marco regulatorio. "Si bien es cierto que, en la mayoría de los casos, los legisladores optan por medidas y acciones para incentivar su aplicación -como, por ejemplo, valorándolas como criterio de desempate en concursos públicos-, estamos observando cómo se empiezan a imponer prácticas por ley, como ha ocurrido con el reporte no financiero o de sostenibilidad", apunta José Gámiz.
La normativa europea plantea que, a medio y largo plazo, la mayoría de firmas elabore un reporte no financiero. El 29 de diciembre, se publicó en el BOE la ley que extiende la obligación a empresas de más de 500 empleados, umbral que, en dos años, se rebajará a 250. Las afectadas tienen hasta el 31 de marzo para presentar el informe de sostenibilidad correpondiente a 2018.
"El legislador obliga a las grandes empresas y, a su vez, éstas a las más pequeñas con las que tienen relación comercial. Así, el mercado extiende las buenas prácticas y modelos de negocio sostenibles", concluye Gámiz.
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