Comunidad Valenciana

Avanza el plazo: Las empresas de más de 500 empleados deben presentar el informe no financiero de 2018 en marzo

Carlos Soucase, director del Área de Governance, Risk & Compliance de Broseta, y Fernando Ibáñez, presidente del CE/R+S.

La entrada en vigor de la Ley 11/2018, que establece las obligaciones de divulgación de información no financiera e información sobre diversidad para las empresas -BOE el 29 de diciembre-, ha generado una gran inquietud en una parte relevante del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, dado que exige a las empresas con un tamaño medio superior a los 500 trabajadores elaborar, verificar con un experto independiente y publicar este reporte junto al informe financiero correspondiente al ejercicio 2018. Una exigencia que muchas de ellas no contemplaban y que obliga a reaccionar con urgencia para dar cumplimiento a las exigencias de la ley, en plazo y forma.

"Este año, las empresas afectadas que no realicen este tipo de reportes y no cuenten con procesos y sistemas de recogida, análisis, evaluación y medición de los datos, deben esforzarse para hacerlo lo mejor que puedan, con los recursos de los que dispongan, y ponerse ya a trabajar para diagnosticar y definir las políticas y procesos en los que van a apoyarse desde el ejercicio 2019", subrayó Carlos Soucase, director del Área de Governance, Risk & Compliance de Broseta, en las jornadas 'Novedades legislativas que afectan a las empresas socialmente responsables. Obligación de reporte no financiero', organizada por el despacho junto al Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S), celebradas en Valencia y en Alicante. José Gámiz, director de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Ética, completó la presentación de Soucase.

Este trabajo se extiende, también, a las empresas de plantilla media superior a 250 empleados, ya que estarán obligadas por la misma norma a partir de 2021.

"Así mismo, cada vez en mayor medida los grandes grupos empresariales y aquellos que apuestan por la integración en sus estrategias de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) exigen informes no financieros a sus empresas proveedoras y distribuidoras", recordó Fernando Ibáñez, presidente del CE/R+S.

Exigencias de la Unión Europea

La nueva normativa supone la adaptación a las crecientes exigencias de la Unión Europea en materia de responsabilidad social empresarial e información no financiera, "con el objetivo de identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general", señaló Soucase.

En este contexto, el experto apuntó que, si bien no se ha definido un régimen sancionador ante posibles incumplimientos, sí existe un riesgo "reputacional". "Si la empresa está obligada a presentar un informe y éste es de baja calidad o si no existe –en cuyo caso, conllevaría una salvedad en la auditoría financiera-, tendría un efecto negativo en este ámbito. La reputación y la buena gobernanza son clave en cualquier empresa", advirtió.

Cada sociedad debe informar sobre su modelo de negocio; políticas y diligencia debida; riesgos e impactos vinculados a la actividad de la empresa y medidas para mitigarlos o controlarlos, y sobre los sistemas de seguimiento y evaluación de los progresos, con definición de los indicadores clave. En cuanto a los contenidos, el reporte no financiero tiene que recoger cuestiones medioambientales; sociales y relativas al personal; al respeto de los derechos humanos; lucha contra la corrupción y el soborno, e información sobre su relación con los diferentes grupos de interés.

No hay formatos fijos; dependerá de cada empresa, de su actividad, sus riesgos y de su impacto en cada uno de los ámbitos. Para ello, se apoyarán en marcos en los que se aportan ejemplos e indicadores -estándares nacionales e internacionales-, como el GRI, SGE 21 o Pacto Mundial, entre otros-.

Apoyo constante a la empresa

La jornada 'Novedades legislativas que afectan a las empresas socialmente responsables. Obligación de reporte no financiero' se enmarca en las acciones del Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S), cuyos socios entienden que difundir, compartir y promover ideas y buenas prácticas es clave en la transición hace un nuevo modelo económico más responsable y sostenible. Constituido en mayo de 2017, se ha consolidado como referente en esta materia y preside la Comisión de Responsabilidad Social de la patronal empresarial (CEV), a través de su vicepresidenta, Amelia Navarro.

Está inscrito en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana y cuenta con 26 socios, de diferentes sectores, de las tres provincias: AGC Flat Ibérica, Almacenes Lázaro, Alpesa, Grupo Alimentario Citrus (GAC), Grupo Baux, Grupo Bertolín, BP Oil, Broseta Abogados, Caixa Popular, Dualium Management, El Corte Inglés, Ética EAFI, Hidraqua, Geocivil, Grupo Eulen, Grupo IVI, Palau de les Arts Reina Sofía, Barrio La Pinada, Ribera Salud, RNB Cosméticos, Royo, Simetria, Suavinex, Triangle Real Estate Management, Unimat Prevención y Unión de Mutuas.

El CE/R+S está abierto a nuevas incorporaciones de empresas con modelos de negocio que apuesten por la ética y la sostenibilidad de forma real y efectiva y que cumplan con su código ético y requisitos de admisión.

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