Valencia
José María Toro preside la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), que representa a unas 140 empresas, que gestionan 200 centros y 10.000 empleos. Licenciado en Derecho en la Universidad de Sevilla, cursó Ciencias Políticas Europeas en el Institut d'Études Politiques de Estrasburgo, es titulado en Dirección de Centros de Servicios Sociales y en el Program for Management Development de Esade. De 2009 a 2015, ocupó la dirección de Sercoval y en 2015 se incorporó a Aerte, como director general. Más contenidos en la revista digital gratuita 'elEconomista Comunitat Valenciana'.
Mejorar la cobertura de atención a dependientes era objetivo prioritario del Consell. ¿Cuál es el balance en la recta final de legislatura?
Se ha avanzado bastante. Es cierto que no se ha cubierto el objetivo de reducción de lista de espera que tenía la Conselleria, pero se han resuelto muchas solicitudes de prestación por dependencia. El problema es que el recurso que se adjudica en la mayoría de los casos -un 53 por ciento, según el último dato disponible- es de cuidador no profesional, que la ley dice que es una solución excepcional, a la que solo se debe recurrir cuando no puede darse un servicio directo o una prestación vinculada. Se está abusando del cuidado familiar, cosa que intentaba resolver la Ley de Dependencia de 2006.
Aerte alerta del desfase entre demanda y oferta de plazas para mayores y dependientes en la Comunitat. ¿Se ha avanzado en este sentido?
Salió el concurso de 3.300 plazas para personas mayores, que permitió concertar tras prácticamente 16 años sin conciertos. Han entrado unas 20 empresas nuevas en el concurso, pero el 15 por ciento de las plazas se quedaron sin cubrir, por las condiciones que se planteaba: un mínimo de diez, que algunas empresas pequeñas no lo alcanzaban y en un contexto de nivel de ocupación elevado; en algunas zonas, ha influido el precio, y otro factor importante fue la exigencia de requisitos como la enfermería 24 horas para la presentación de la oferta, lo que implica un desembolso importante sin saber si se va a ser adjudicatario del servicio. En esta línea se puede mejorar de cara a futuras adjudicaciones. En total, en la Comunitat hay unas 26.000 plazas en residencias y, de ellas, aproximadamente el 50 por ciento son concertadas. Para ponernos a nivel de la media nacional, nos faltarían unas 12.000 más y para estar a la altura de media de plazas financiadas por la Administración, faltarían 8.700 plazas. En centros de día, hay unas 7.500 plazas y harían falta unas 2.200 más. En las dirigidas a personas con discapacidad, faltarían para estar en la media estatal unas 3.600 plazas residenciales -ahora hay unas 1.500- y en centros ocupacionales y de día unas 4.600 -ahora hay unas 4.500-. Habría que duplicar la oferta actual, lo que exige un esfuerzo público y privado; buscar soluciones consensuadas y razonables, bajo la supervisión de la Generalitat. Hacemos falta todos y que todos los actores se pongan a remar en la misma dirección para lograr la creación de nuevas plazas para las personas que lo necesiten.
La Generalitat plantea un nuevo acuerdo marco con el sector privado, pero, al mismo tiempo, defiende la gestión pública directa como opción prioritaria. ¿Cómo está afectando este enfoque la inversión privada?
Estamos en un contexto en el que hay mucha demanda, mientras que la ocupación es elevada y hay centros con lista de espera. Nos preocupa cómo se va a dar respuesta a la necesidad de plazas que hay en la Comunitat Valenciana. Si las decisiones que se toman y las declaraciones que se hacen van en contra, desaniman la inversión y al final tendrá que ser la Administración la que asuma toda la inversión, y en el contexto de infrafinanciación que tenemos, parece que las posibilidades de que esto se produzca son realmente muy bajas. En los últimos 10 años, apenas se ha construido un centro privado nuevo y durante la crisis hemos perdido camas. Y no me consta que haya nuevos proyectos. Hay gente interesada en invertir, pero quieren conocer primero el marco en el que van a trabajar. La Administración apuesta por un modelo público; solo en el caso de que no llegue, en un modelo de colaboración con entidades sin ánimo de lucro y, en tercer lugar, en orden de preferencia, con las empresas privadas. A pesar de que la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, está haciendo bastante por acercarse al mundo empresarial y que esperamos nuevas plazas concertadas este año, este tipo de mensajes calan en los centros de decisión de las inversiones. Sí es verdad que se está planteando un nuevo acuerdo marco con el sector empresarial, pero si el mensaje es que solo trabajamos con las empresas como último recurso, no se fomenta que los inversores quieran venir. Incluso las empresas valencianas, en lugar de estar invirtiendo en la comunidad, lo están haciendo fuera. Debería generar preocupación.
¿Cuál debería ser el enfoque de ese nuevo acuerdo marco para fomentar la inversión?
Es momento de normalizar la relación y trabajar por dar un marco adecuado único que permita dar respuesta a las muchas personas en situación de dependencia. Que los cuatro modelos de concierto con los que se trabaja actualmente vayan confluyendo en uno, claro, transparente y abierto a entidades, con unas condiciones, exigencias y precios definidos, de manera que se compita por calidad. Cuantas más residencias y más plazas puedan ofertarse, será mejor el servicio para las personas, ya que se fomentará la competencia, al tener capacidad el usuario de elegir dónde ir y de cambiar, si lo prefiere. Hay que dar respuesta a las necesidades de las personas en función de sus circunstancias: atención a domicilio, centros de día -donde se necesitan también más plazas- y residencias. Que se intente apostar por la prevención y la mejora de la autonomía. Las empresas hemos demostrado nuestro compromiso y responsabilidad social y tenemos mucho que aportar.
La regulación de la acción concertada no respeta esa igualdad de acceso y ha sido recurrida por Aerte. ¿En qué punto se encuentra el proceso?
La nueva Ley de Servicios Sociales recoge lo mismo que la modificación de diciembre de 2016 de la ley de la ley anterior, de 2007: introduce la acción concertada, que permite a la Administración sacar de las licitaciones de la Ley de contratos del sector público a los servicios sociales y prestarlos de manera distinta, en base a sus características específicas, al tratarse de asistencia a personas. La directiva europea prevé esta vía. Solo pide tres requisitos: la transparencia, la publicidad y la no discriminación. Los dos primeros se cumplen, pero el tercero no, porque la Comunitat Valenciana -al contrario que en otras, como Cataluña, Aragón y Murcia- incorpora a esa acción concertada solo a entidades sin ánimo de lucro. Entendemos que, hasta ahora, estaban trabajando con un modelo de subvención y necesitaban uno mejor, plurianual y con mayor seguridad jurídica, pero ese marco no tiene que ser excluyente, sino que todas las entidades deben participar en las mismas condiciones. Si la Administración exige unos servicios con un precio cerrado, se competiría en calidad. No pudimos recurrir la ley, pero en el desarrollo por decreto y la primera convocatoria para atención a personas con diversidad funcional, Aerte ha presentado sendos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia. No hemos pedido ninguna medida cautelar, para no afectar al servicio ni a las entidades. Es una muestra de buena voluntad por nuestra parte. Creemos que es ilegal, pero no queremos entorpecer el trabajo de las entidades, que, en muchos casos, es magnífico. La Justicia va lenta; es difícil hacer una previsión de tiempo sobre cuándo podrá resolverse el tema. Lo cierto es que esta Administración ha puesto en marcha muchas medidas que la Justicia ha acabado tumbando. Nos preocupa que dentro de un año y medio o dos años tengamos una sentencia a nuestro favor y, entonces, ¿cómo vamos a volver atrás? Será complicado. Si ahora que se está tramitando la ley pudiésemos dibujar un marco que dé seguridad jurídica a todos los actores sería una decisión inteligente, políticamente hábil y que le daría estabilidad al sector. En otras comunidades se hace así. Hay que poner el foco en las personas, y no en el tipo de entidad que presta el servicio.
La decisión de la Generalitat de introducir, a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, la reversión de la gestión de centros de asistencia integral ha abierto un nuevo frente contra la cooperación público-privada que ha llevado a la patronal a pedir públicamente que se revise esta medida. ¿Qué supone para el sector?
El año pasado se puso en marcha la propuesta para centros públicos de atención a personas con diversidad funcional gestionados por contrato por una empresa, pero se planteó como algo residual, que dependería de los resultados de la gestión, pero ahora se amplía. La ley contempla que, en caso de cumplirse el contrato, se revierta a gestión directa pública, porque se considera que no es adecuada la gestión contratada por la vulnerabilidad de estas personas. El nivel de implicación del sector privado es muy elevado y no se ha cuestionado en ningún sitio. Ha ofrecido servicios por encima de las condiciones pedidas por la Administración y, en los años de la crisis, a pesar de la situación de impagos, las entidades estuvieron funcionando y actuaron como amortiguador. Es injusto e irreal decir que es mejor la gestión directa y no responde a ningún criterio objetivo. Es simplemente un prejuicio. Por ejemplo, en el ámbito de menores, donde solo puede haber gestión directa o con entidades sin ánimo de lucro, es de los que está dando mayores problemas a la Conselleria. Entre público y privado, hay que elegir lo mejor de cada sector; ver, en cada caso, el resultado, basado en indicadores objetivos, no basado en prejuicios. No hagamos un debate tan antiguo y tan estéril.
¿Cuántos centros pueden verse afectados por esta medida?
No tenemos datos exactos. La decisión sobre la reversión es unilateral, de la Administración, cuando se acabe el contrato. Hasta ahora, se ha revertido el centro de Albocasser, a pesar de que la Generalitat ha reconocido que el servicio y el equipo tenían un nivel alto, y se ha iniciado el proceso respecto a dos módulos de Bétera. No se basa en un criterio objetivo, sino en creencias, ideologías o prejuicios y nos preocupa que sea el principio a una tendencia general a la reversión de estos servicios. Hasta ahora no se ha planteado, pero puede abrir una nueva situación. La gestión está siempre supervisada por la Administración y el modelo de colaboración arroja buenos resultados, tanto en calidad como en los costes y en satisfacción de los usuarios. Hay que basar el modelo en la calidad, y no en formas jurídicas y de gestión.
El sector de la Dependencia es un gran generador de empleo, pero en la Comunitat estamos aún por debajo de la media. ¿Qué falla?
La media española es que, por cada millón de euros invertidos en dependencia, se generan unos 35 empleos. Estamos por debajo de la media, en unos 25, por la apuesta que se ha hecho por el cuidador profesional. En el caso de Castilla y León, se generan 50 empleos por cada millón de euros. Tenemos un potencial de 25 nuevos empleos por crear aplicando las políticas adecuadas. Es un sector muy feminizado y con muy diferentes perfiles de cualificación; permite segundas oportunidades y reciclaje profesional. Hay enfermeros y médicos que se están yendo fuera cuando podrían trabajar en este ámbito. No hay un riesgo tecnológico disruptivo fuerte, como pasa en otros sectores, ni de deslocalización. Todos esos elementos deberían hacer que el sector empresarial de la dependencia estuviese no solo en la mesa de servicios sociales, sino también en la de Economía.
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